Terapia Urgente

«Para salvar la Constitución Políticas urgente y necesario desobedecer a la Corte de Constitucionalidad«.

La ciencia médica indica que cuando los síntomas de una enfermedad aparecen de forma espontánea, natural, y resultan evidentes, es signo claro que la enfermedad está presente. El decidir no enfrentarla, sino por comodidad ignorarla, puede conducir a graves consecuencias, irreversibles e irreparables.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala está «verdaderamente enferma» y sólo la indolencia y tolerancia propia del carácter tan especial del guatemalteco pudo haber permitido que esa institución se llegara a gangrenar a los neveles actuales. ¡Es imperioso actuar! ¡y sin demora!

Historia.

Es indudable que la mayor conquista visible de la última Constitución Política del país (1985) fue la creación y organización de la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta Corte resultó ser el bálsamo sanador de las heridas de un país causadas por una lucha fratricida de larguísimos años, y cuya patología común era una inmisericorde violación de derechos humanos de los guatemaltecos de una ideología, de los de la otra ideología, y de los de cualquier otra también. el guatemalteco en ese tiempo había ya perdido, de forma total, el respeto por la vida, la paz y la propiedad.

La CC desde su inicio tuvo el acierto de hacerle ver al país que una convivencia digna, respetuosa y en paz sólo cabe y puede darse dentro de un marco de leyes, en que administradores (Estado) y administrados (población) procedan con estricto apego a derecho.

Los ciudadanos y los funcionarios de Estado lo entendieron, también lo aceptaron , y con ello se dio por varios años una primavera institucional en el país. Tan bien cimentado llegó a estar el concepto en relación a esta Corte que el guatemalteco la elevó a categoría, metafóricamente hablando, de corte celestial. La Corte procedía a constituirse en el último eslabón de la justicia total, pues aquello que la justicia ordinaria resolviera y, en última instancia, la justicia constitucional acordara era ciertamente «lo definitivo». Más allá de ello cabía exclusivamente la imploración de favores celestiales.

La Corte funcionó adecuadamente por varias décadas y resultó un extraordinario solucionador de contiendas en el país pues, sin entrar en justicia ordinaria, podía revisar si el órgano gubernamental había o no respetado los derechos fundamentales del particular, para poder así seguir adelante.

Lo más relevante de esta Corte fue que, sin tener fuerza pública integrada en su organización, la fuerza de sus fallos fue contundente. Nadie, por las razones que fueren, se atrevió a desobedecer la coercitividad de sus resoluciones las que siempre fueron respetadas y acatadas. La disidencia encontraba acomodo, exclusivamente, en los foros de la academia que la misma Corte, de forma inteligente, valoró e incorporó a su organización. La humildad mostrada con la creación del Instituto de Justicia Constitucional es evidencia notable de la inteligencia colectiva de aquellos que dominaban, en esos tiempos, la institución. El derecho, por esencia, es materia opinable y es de sabios reconocer que nunca, nadie, interpretando derecho tiene la última palabra.

La CC lucía pues como una auténtica joya jurídica institucional, así como un suculento plato político nacional e internacional de políticos aviesos. Es un órgano que puede tener la última palabra en todo y además ha creado conciencia colectiva, incondicionalmente aceptada, que hay que obedecerla y respetarla y los guatemaltecos la obedecen y también respetan.

La Crisis.

La ciencia política que no para mientes en los «medios» pues vive de «resultados» focalizó la nobleza de institución que representaba la CC en el espectro político del país.

Una muy bien orquestada estrategia de orden nacional e internacional logró, en pocos años, cooptar dicha institución apoyada por la embajada estadounidense y un Departamento de Estado de rancio corte demócrata. El nuevo propósito habría de ser el revestir de aparente legalidad una estrategia política internacional, justificada operativamente por una aparente lucha contra la impunidad.

Para ello, el Estado de Guatemala fue irresponsablemente inducido a entrar en un contrato de gestión política del país (Convenio CICIG) con la Organización de Naciones Unidas en que un genuino Virrey (Comisionado), inmune a todo, decidió por espacio de más de una década sobre vidas y haciendas del país, que en el mundo moderno se traduce en: a quién procesar criminalmente y porqué. Tan aviesa estructura necesitó para su viabilidad operativa de un protector político institucional, la cual encontró formal e incondicional acomodó en la otrora noble Corte de Constitucionalidad.

La política minera del país, la política exterior en materia de agentes y representantes diplomáticos (que incluye al Virrey), la utilización de la santidad de la institución para auto protegerse los magistrados (auto amparo), e incluso la abierta interferencia en la agenda del Organismo Legislativo (¡!) pasaron a depender, y hoy en día dependen, de la voluntad de res magistrados de la CC (GPorras, BMejia y FdeMataVela).

Tan patético escenario es de difícil comprensión pues cuesta imaginar cómo, la grandeza y omnipotencia de tan noble institución, aya caído al estercolero en que hoy se encuentra.

La Terapia.

Es indudable que las instituciones las hacen los hombres y mujeres que las componen e integran y que dependiendo de las luces y sobras de estos, así serán los brillos y deméritos del ente de gobierno.

El problema se agudiza cuando los miembros integrantes de la institución se vuelven en contra de su propia organización.

La CC fue concebida para proteger la Constitución pero ahora resulta que la voluntad de tres de sus magistrados han resultado ser tres inequívocas muestras, evidentes y notorias, de que lo que buscan es destruir la propia Constitución.

El impedir la conformación del Organismo Judicial tal y como lo ordena la Constitución Política por intermedio de un más que espurio ampara, planteado por una lacaya de la instancia socialera internacional (Mack), y pretender interferir las funciones constitucionales de investigación del Congreso de la República a través de un leguleyo testaferro (Carrillo) del Virrey Velasquez, son otras muestras, más bien lo que persiguen es destruirla.

¿Qué terapia cabe aplicar?

A la conformación de la actual CC le resta completar el periodo integro de la magistrada Gloria Porras, precisamente una de las integrantes de la trinca infernal y diabólica que persigue destruir la Constitución. Un sueño de opio sería que la propia magistrada Porras y los otros dos magistrados renunciaran para poder así, con sus suplentes, poder iniciar el reencauzamiento institucional de la CC; pero ello no va a suceder.

Habrá ponzoña y vergüenza constitucional por más de un año, lo cual por el respeto a las instituciones estamos obligados a respetar.

Lo que sí es constitucionalmente lícito y dable es establecer «a sotto voce» que, de ahora en adelante, esas resoluciones politiqueras no merecen, ni obediencia, ni acatamiento, pues de acuerdo a la propia Constitución ningún funcionario, civil o militar, está obligado a acatar ordenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.

Llegamos a la ironía de que para salvar la Constitución hay que desobedecer a la Corte de Constitucionalidad. El adecuado respeto a la Constitución, -que nosotros los ciudadanos si tenemos- nos obliga a sostener a estos tres magistrados malandrines hasta la finalización de su último período pero, como la misma Constitución nos habilita, desoyéndolos y desobedeciendolos, pues nadie está obligado a acatar órdenes ilegales sin importar que sean de la CC.

Llegarán tiempos mejores en que los nuevos magistrados integrantes de la CC sean personas probas, honestas y comprometidas con la sagrada salvaguarda de nuestros valores constitucionales y podremos reencausar nuestro ordenamiento institucional.

Irónico pero necesario, para salvar la Constitución es urgente y necesario desobedecer a la Corte de Constitucionalidad.

La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución que dejó en suspenso el trabajo realizado por las Comisiones de Postulación

Guatemala Inmortal a la opinión publica hace saber que:

El pasado 16 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución que dejó en suspenso el trabajo realizado por las Comisiones de Postulación. Éstas son responsables de presentar la lista de postulantes de Corte Suprema de Justicia, Salas de Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados.

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 208 establece que «el periodo de funciones de magistrados y jueces es de cinco años». La ley penal guatemalteca tipifica el delito de prolongación de funciones, por tal razón, los Magistrados de la Cote Suprema de Justicia y demás Cortes del país deben de entregar el cargo el próximo 13 de octubre para no incurrir en dicha falta.

Señores Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, son ustedes quienes tienen la responsabilidad de respetar el Estado de derecho, no obstruyan el cumplimiento de la ley. Prolongar la estadía implica el rompimiento al orden constitucional, ya que se le impide a uno de los Organismo del Estado cumplir con lo estipulado en la Constitución. Se les recuerda que tienen 20 años para responder penalmente por los delitos que incurran durante sus funciones.

En el artículo 140 y 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que… «El sistema de Gobierno de Guatemala es republicano, democrático y representativo»;«el poder se delega en los tres Organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial».

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución».

Abraham Lincoln

Guatemala Inmortal hace una protesta públicamente ante la «resolución» ilegal de la Corte de Constitucionalidad

Guatemala Inmortal ante la «resolución» de la Corte de Constitucionalidad, a la opinión pública PROTESTA:

La Corte de Constitucionalidad otorgó amparo para anular todo lo actuado por las Comisiones de Postulación para la elección de los nuevos integrantes de las Corte Suprema de Justicia y Cortes de Salas de Apelaciones. Dicha resolución establece que se manden expedientes inexistentes de un proceso no reglamentado aun del Consejo de la Carrera Judicial en cuanto a la calificación de los candidatos a magistrados.

El repetir desde el inicio todo el proceso de comisiones de postulación y nombrar nuevos comisionados violaría los plazos legales establecidos en la Constitución Política de la República, la cual juraron defender. Es un fallo ilegal de la CC, pues pide requisitos que no están en la Constitución para la calificación de candidatos a magistrados.

Los artículos constitucionales pertinentes al proceso de comisiones de postulación son 207, 208 y del 211 al 218 y ninguna ley o sentencia puede alterar, modificar, ampliar o alterar esos plazos y calidades, así como procedimientos constitucionales para escoger y calificar a funcionarios públicos.

Es otro fallo que cae en prevaricato y pretende legislar desde la Corte de Constitucionalidad juró respetar y hacer que se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala, la sociedad guatemalteca espera sean ustedes los primeros en cumplirla.

El Artículo 156 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece claramente que ninguna orden debe ser acatada si ésta es inconstitucional.

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

Guatemala Inmortal condena el asesinato a sangre fría de los 3 soldados en El Estor, Izabal

Y la inoperancia por parte del Ministerio Público y PDH al permitir a organizaciones criminales, y terroristas como Cesar Montes, sigan impunes

Guatemala Inmortal a la opinión pública hace saber:

Condena el asesinato a sangre fría de tres soldados guatemaltecos del Ejército Nacional contra el crimen organizado y contra el grupo armado del conocido terrorista César Montes.

Al mismo tiempo, presenta sus condolencias a las familias del oficial alferez de marina, Mayen Cabrera y los tres soldados muertos en una «clara emboscada premeditada» contra una patrulla de soldados que intentaban detener «una operación de narcotrafico en el lago de Izabal y Valle del Polochic».

Condena de manera categórica y contundente la inoperancia del ministerio público y especialmente del PDH al permitir que organizaciones criminales como: CUC, CODECA y Fundación Turcios Lima, del conocido terrorista del Ejército Guerrillero de los Pobres –EGP– César Montes, que accionan impunemente contra las comunidades y las autoridades encargadas de seguridad nacional.

Exigimos que el Estado atienda a las viudas y huérfanos de los soldados y al mismo tiempo libere a los campesinos utilizados por esta nueva guerrilla con el propósito de desestabilizar y confrontar a la sociedad guatemalteca.

Exige la persecución penal inmediata contra los delincuentes y la presencia del ejército, la PNC y el MP en toda el área del Polochic y lago de Izabal.