Terapia Urgente

«Para salvar la Constitución Políticas urgente y necesario desobedecer a la Corte de Constitucionalidad«.

La ciencia médica indica que cuando los síntomas de una enfermedad aparecen de forma espontánea, natural, y resultan evidentes, es signo claro que la enfermedad está presente. El decidir no enfrentarla, sino por comodidad ignorarla, puede conducir a graves consecuencias, irreversibles e irreparables.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala está «verdaderamente enferma» y sólo la indolencia y tolerancia propia del carácter tan especial del guatemalteco pudo haber permitido que esa institución se llegara a gangrenar a los neveles actuales. ¡Es imperioso actuar! ¡y sin demora!

Historia.

Es indudable que la mayor conquista visible de la última Constitución Política del país (1985) fue la creación y organización de la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta Corte resultó ser el bálsamo sanador de las heridas de un país causadas por una lucha fratricida de larguísimos años, y cuya patología común era una inmisericorde violación de derechos humanos de los guatemaltecos de una ideología, de los de la otra ideología, y de los de cualquier otra también. el guatemalteco en ese tiempo había ya perdido, de forma total, el respeto por la vida, la paz y la propiedad.

La CC desde su inicio tuvo el acierto de hacerle ver al país que una convivencia digna, respetuosa y en paz sólo cabe y puede darse dentro de un marco de leyes, en que administradores (Estado) y administrados (población) procedan con estricto apego a derecho.

Los ciudadanos y los funcionarios de Estado lo entendieron, también lo aceptaron , y con ello se dio por varios años una primavera institucional en el país. Tan bien cimentado llegó a estar el concepto en relación a esta Corte que el guatemalteco la elevó a categoría, metafóricamente hablando, de corte celestial. La Corte procedía a constituirse en el último eslabón de la justicia total, pues aquello que la justicia ordinaria resolviera y, en última instancia, la justicia constitucional acordara era ciertamente «lo definitivo». Más allá de ello cabía exclusivamente la imploración de favores celestiales.

La Corte funcionó adecuadamente por varias décadas y resultó un extraordinario solucionador de contiendas en el país pues, sin entrar en justicia ordinaria, podía revisar si el órgano gubernamental había o no respetado los derechos fundamentales del particular, para poder así seguir adelante.

Lo más relevante de esta Corte fue que, sin tener fuerza pública integrada en su organización, la fuerza de sus fallos fue contundente. Nadie, por las razones que fueren, se atrevió a desobedecer la coercitividad de sus resoluciones las que siempre fueron respetadas y acatadas. La disidencia encontraba acomodo, exclusivamente, en los foros de la academia que la misma Corte, de forma inteligente, valoró e incorporó a su organización. La humildad mostrada con la creación del Instituto de Justicia Constitucional es evidencia notable de la inteligencia colectiva de aquellos que dominaban, en esos tiempos, la institución. El derecho, por esencia, es materia opinable y es de sabios reconocer que nunca, nadie, interpretando derecho tiene la última palabra.

La CC lucía pues como una auténtica joya jurídica institucional, así como un suculento plato político nacional e internacional de políticos aviesos. Es un órgano que puede tener la última palabra en todo y además ha creado conciencia colectiva, incondicionalmente aceptada, que hay que obedecerla y respetarla y los guatemaltecos la obedecen y también respetan.

La Crisis.

La ciencia política que no para mientes en los «medios» pues vive de «resultados» focalizó la nobleza de institución que representaba la CC en el espectro político del país.

Una muy bien orquestada estrategia de orden nacional e internacional logró, en pocos años, cooptar dicha institución apoyada por la embajada estadounidense y un Departamento de Estado de rancio corte demócrata. El nuevo propósito habría de ser el revestir de aparente legalidad una estrategia política internacional, justificada operativamente por una aparente lucha contra la impunidad.

Para ello, el Estado de Guatemala fue irresponsablemente inducido a entrar en un contrato de gestión política del país (Convenio CICIG) con la Organización de Naciones Unidas en que un genuino Virrey (Comisionado), inmune a todo, decidió por espacio de más de una década sobre vidas y haciendas del país, que en el mundo moderno se traduce en: a quién procesar criminalmente y porqué. Tan aviesa estructura necesitó para su viabilidad operativa de un protector político institucional, la cual encontró formal e incondicional acomodó en la otrora noble Corte de Constitucionalidad.

La política minera del país, la política exterior en materia de agentes y representantes diplomáticos (que incluye al Virrey), la utilización de la santidad de la institución para auto protegerse los magistrados (auto amparo), e incluso la abierta interferencia en la agenda del Organismo Legislativo (¡!) pasaron a depender, y hoy en día dependen, de la voluntad de res magistrados de la CC (GPorras, BMejia y FdeMataVela).

Tan patético escenario es de difícil comprensión pues cuesta imaginar cómo, la grandeza y omnipotencia de tan noble institución, aya caído al estercolero en que hoy se encuentra.

La Terapia.

Es indudable que las instituciones las hacen los hombres y mujeres que las componen e integran y que dependiendo de las luces y sobras de estos, así serán los brillos y deméritos del ente de gobierno.

El problema se agudiza cuando los miembros integrantes de la institución se vuelven en contra de su propia organización.

La CC fue concebida para proteger la Constitución pero ahora resulta que la voluntad de tres de sus magistrados han resultado ser tres inequívocas muestras, evidentes y notorias, de que lo que buscan es destruir la propia Constitución.

El impedir la conformación del Organismo Judicial tal y como lo ordena la Constitución Política por intermedio de un más que espurio ampara, planteado por una lacaya de la instancia socialera internacional (Mack), y pretender interferir las funciones constitucionales de investigación del Congreso de la República a través de un leguleyo testaferro (Carrillo) del Virrey Velasquez, son otras muestras, más bien lo que persiguen es destruirla.

¿Qué terapia cabe aplicar?

A la conformación de la actual CC le resta completar el periodo integro de la magistrada Gloria Porras, precisamente una de las integrantes de la trinca infernal y diabólica que persigue destruir la Constitución. Un sueño de opio sería que la propia magistrada Porras y los otros dos magistrados renunciaran para poder así, con sus suplentes, poder iniciar el reencauzamiento institucional de la CC; pero ello no va a suceder.

Habrá ponzoña y vergüenza constitucional por más de un año, lo cual por el respeto a las instituciones estamos obligados a respetar.

Lo que sí es constitucionalmente lícito y dable es establecer «a sotto voce» que, de ahora en adelante, esas resoluciones politiqueras no merecen, ni obediencia, ni acatamiento, pues de acuerdo a la propia Constitución ningún funcionario, civil o militar, está obligado a acatar ordenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.

Llegamos a la ironía de que para salvar la Constitución hay que desobedecer a la Corte de Constitucionalidad. El adecuado respeto a la Constitución, -que nosotros los ciudadanos si tenemos- nos obliga a sostener a estos tres magistrados malandrines hasta la finalización de su último período pero, como la misma Constitución nos habilita, desoyéndolos y desobedeciendolos, pues nadie está obligado a acatar órdenes ilegales sin importar que sean de la CC.

Llegarán tiempos mejores en que los nuevos magistrados integrantes de la CC sean personas probas, honestas y comprometidas con la sagrada salvaguarda de nuestros valores constitucionales y podremos reencausar nuestro ordenamiento institucional.

Irónico pero necesario, para salvar la Constitución es urgente y necesario desobedecer a la Corte de Constitucionalidad.

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