Lo que tenía que pasar pasó

La Corte de Constitucionalidad, de forma ilegal y con claro abuso de poder:

  1. Interfirió ilegalmente en el Organismo Judicial al impedir la designación y elección de la Presidenta electa en el año 2018;
  2. Anuló ilegalmente el nombramiento de los gobernadores departamentales designados por el ex presidente Jimmy Morales, en su primer año de gobierno;
  3. Interfirió ilegalmente en la política exterior del país al anular la declaratoria de «non grato» del Comisionado de Cicig, Iván Velasquez;
  4. Intervino ilegalmente en la función legislativa del Congreso de la República, períodos 2018-2019, en repetidas oportunidades derrochando un claro abuso de poder;
  5. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo al interferir incluso en las redacciones de las notas diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores;
  6. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas, al propiciar un retardo malicioso en el expediente constitucional que condujo al cierre de la mina San Rafael;
  7. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas al propiciar el cierre malicioso de las minas El Tambor y la Puya;
  8. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas, al propiciar un retardo malicioso en el expediente constitucional de las minas ubicadas en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo por lo que el Estado de Guatemala enfrenta un juicio de daños de Dos Mil millones de Quetzales (Q2, 000M) que el Estado deberá pagar;
  9. Intervino ilegalmente en las funciones del Ministerio Público, a cargo de la Dra Consuelo Porras, propiciando retardos maliciosos en los expedientes constitucionales;
  10. Intervino de forma ilegal, arbitraria e injustificada en la integración de la propia Corte de Constitucionalidad vedándole al Dr. Arnulfo Reyes Sagastume su integración a la misma;
  11. Interfirió ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores al vetar la declaratoria de non grato del Embajador de Suecia (Andrew Kompass);
  12. Interfirió ilegalmente en dos oportunidades en la elección de magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones al anular las actuaciones de las Comisiones de Postulación;
  13. Intervino ilegalmente ante el Instituto de Jueces y Magistrados obligándolos, de forma arbitraria, a modificar su régimen estatutario interno de planilla única;
  14. Intervino de forma ilegal e ilegítima en régimen electoral del país propiciando la formal participación de la candidata presidencial Sandra Julieta Torres Casanova, no obstante los impedimentos que en ella concurrian;
  15. Intervino de forma ilegal y arbitraria las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que a política exterior del país de refiere, en lo concerniente a acuerdos migratorios;
  16. Intervino de forma ilegal y arbitraria en las funciones del Organismo Legislativo pretendiendo que una ley formal y materialmente válida (Ley Modificatoria a la Ley ONG) el Congreso de la República la dejara en suspenso cuando la ley ya está publicada en el Diario Oficial.
  17. Etc, etc, etc.

La Corte de Constitucionalidad era una de las cortes de jurisdicción constitucional más respetadas de América Latina. Sus actuales magistrados, titulares y suplentes, con excepción de la Dra Josefina Ochoa, la convirtieron en un reducto político, el cual a través de falsas legalidades, buscaron ejecutar como vulgares meretrices las políticas socialistas del Foro de Sao Paulo.
Fallaron y siguen fallando.

A corto plazo no sería raro que se produjera una desobediencia civil generalizada de sus fallos pues de acuerdo a la Constitución Política del país, misma que ellos juraron defender, ningún funcionario público está obligado a acatar órdenes manifiestamente ilegales COMO LAS QUE ELLOS DICTAN PARA REALIZAR SUS DELEZNABLES OBJETIVOS POLÍTICOS.

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