Análisis sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC)

Supuesto: La Corte de Constitucionalidad emitió sentencia de amparo en única instancia, ordenando al Ministerio Público que informe en un plazo de 10 días el estatus jurídico procesal del caso COMISIONES PARALELAS 2020. Con base en ese informe se concederá un plazo perentorio al Congreso de la República para que elija Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Corte de Apelaciones, excluyendo a los candidatos señalados o tachados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público.  También ordenó que debe excluirse del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, derivado de hechos notorios denunciados en el amparo.

Motivos que hacen ilegal esa resolución:

  1. Plazo de la investigación: Artículo 324 Bis del Código Procesal Penal establece que ninguna autoridad puede fijarle plazo a una investigación si no existe auto de procesamiento y auto de medidas de coerción en contra de un sindicado específico. Únicamente si se cumplen esas condiciones y por competencia estricta del órgano jurisdiccional competente. Caso contrario, la Corte de Constitucionalidad se estaría arrogando funciones ministeriales y judiciales que no le competen y estaría incurriendo en usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
  2. Derecho de defensa y presunción de inocencia: La Constitución Política de la República regula: Artículo 12.- Derecho de defensa. Artículo 14.- Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Un simple informe del Ministerio Público dirigido al Congreso de la República, sin que exista sentencia firme (previo a ser citados, oídos y vencidos en juicio), en contra de algunos de los candidatos a Magistraturas, no es presupuesto suficiente para destruir la presunción de inocencia (derecho humano constitucional) de una persona. Ello sería violatorio tanto de la presunción de inocencia, como del derecho de defensa y de la seguridad y certeza jurídica regulada en el Artículo 2º. Constitucional.
  3. Competencia específica y oportunidad procesal: El Artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación regula: Artículo 20. Publicación de nombres de aspirantes. Las Comisiones de Postulación darán a conocer los nombres de los participantes que reúnan los requisitos de Ley, por medio de una publicación que efectúen en el diario oficial y en dos de mayor circulación del país, para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento, lo haga saber por escrito a dicha Comisión. El Congreso de la República NO es el competente de conocer TACHAS o IMPEDIMENTOS debidamente fundamentados para establecer que una persona NO cumple con los requisitos de idoneidad, honradez y honorabilidad para acceder al cargo público de Magistrado. La Competencia en esa materia la detentan las Comisiones de Postulación.
  4. Reserva de las actuaciones: El Artículo 314 del Código Procesal Penal establece: Artículo 314.- Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños”. Según la Ley ordinaria adjetiva y el Artículo 14 constitucional, SOLAMENTE el juez y las partes procesales tiene acceso a las actuaciones de un proceso penal (esto es, reserva LEGAL de las actuaciones, que es diferente a la reserva JUDICIAL de las actuaciones). Es decir, ninguna autoridad puede ordenar al Ministerio Público que REVELE INFORMACIÓN RESERVADA a otras personas que no sean las que por virtud de ley estén legitimadas para tener acceso a las actuaciones procesales y actos de investigación. Por lo que el fiscal al remitir información de investigaciones en curso estaría cometiendo delito de revelación de información confidencial o reservada, regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública
  5. Autonomía funcional del Ministerio Público: Artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio Público cuenta con autonomía funcional y no está subordinado ni siquiera a la Corte de Constitucionalidad. Por tanto, no puede ser obligado a rendir informe sobre actuaciones procesales (reservadas por mandato legal) a terceros extraños o ajenos al proceso, tampoco se le puede fijar un plazo para concluir o avanzar en la investigación sin que exista persona ligada a proceso, mucho menos si no se trata del órgano jurisdiccional competente.
  6. No subordinación del Congreso de la República en elección de Magistrados: Constitución Política de la República: Artículo 215.- Elección de la Corte Suprema de Justicia, y  Artículo 157.- Potestad legislativa y elección de diputados. La potestad legislativa, corresponde con exclusividad al Congreso de la República. Dentro de esa potestad se encuentra la función de elegir Magistrados de CSJ y de las Cortes de Apelaciones, con base en el listado de candidatos remitido por las Comisiones de Postulación. La ley NO exige otro requisito. Es decir, la Corte de Constitucionalidad NO PUEDE imponer requisitos adicionales más allá de los fijados por la Constitución y las leyes. Caso contrario incurriría en ilegalidades y abuso de autoridad. Por tanto, no puede imponer como presupuesto legal para la elección de Magistrados, que se tome en cuenta un informe del Ministerio Público para asumir una decisión que se enmarca dentro de la potestad legislativa.
  7. Responsabilidad de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: Artículo 69. Impugnación de lo resuelto. Contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley.
  8. Posibles delitos: Dicho lo anterior, en caso la Corte de Constitucionalidad emitiera resolución basada en el supuesto planteado en este documento, los Magistrados incurrirían en los siguientes delitos:
    • LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
    • ARTICULO 67. Revelación de información confidencial o reservada.
    • CÓDIGO PENAL
    • ARTICULO 418. Abuso de autoridad
    • ARTICULO 423.- Resoluciones violatorias a la constitución
    • ARTÍCULO 381.- Violación a la constitución
    • ARTÍCULO 335.- Usurpación de Atribuciones

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