Ilegalidades y arbitrariedades de la Corte de Constitucionalidad

  1. Se atentó contra la independencia Judicial al impedir que la Presidente electa en el año 2018 ejerciera sus funciones y se negoció con dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se promoviera una nueva votación.
  2. Se anuló el nombramiento de varios gobernadores departamentales y se ordenó actos contrarios a lo establecido en la Constitución.
  3. Se impidió la ejecución de la declaratoria de «Non grato» del ex Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, hecha por el Presidente de la República basándose en la Convención de Viena.
  4. Ordenó al Congreso de la República dejar de cumplir su función para aprobar leyes, en varias oportunidades.
  5. Limitó las facultades de la Cancillería guatemalteca, llegando al extremo de pedirle que suprimiera párrafos de notas diplomáticas que advertían al ex Comisionado, Iván Velásquez Gómez, para que dejara de inmiscuirse en asuntos internos.
  6. Retardo malicioso en asuntos judiciales que finalizó con suspender la licencia de operación de la Mina San Rafael, sin respetar criterios expresados en sentencias anteriores de esa misma Corte.
  7. Retardo maliciosos en expedientes relacionados con las minas «El Tambor» y «La Puya», las cuales tienen suspendidas sus operaciones por más de dos años.
  8. Debido al retardo malicioso en sus resoluciones, el Estado de Guatemala enfrenta demandas por más de dos millones de quetzales por la suspensión de las minas en «San José del Golfo» y «San Pedro Ayampuc».
  9. Retardo malicioso por más de diez meses en resoluciones de expedientes que atentan contra la independencia de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, María COnsuelo Porras Argueta.
  10. Suspensión arbitraria, injustificada y sin base legal de la integración plena de esa Corte., la cual impide la toma de posesión del Doctor en Derecho, Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, como Magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
  11. Resolución ilegal para mantener en el país al Embajador de Suecia, Andres Kompass, quien abusa de su cargo e inmunidad diplomática para facilitar la actividad de grupos desestabilizadores en contra de la libertad de los guatemaltecos.
  12. Suspensión arbitraria del proceso Constitucional de las Comisiones de Postulación para elaborar lista de Magistrados de las Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones, para el periodo del 13 de octubre 2019 al 112 de octubre 2024.
  13. Alteró los estatutos del Instituto de Jueces y Magistrados para conformar más de una planilla de candidatos. Presionó para elegir a sus delegados ante la Comisión de Postulación para listados de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2019 al 2024.
  14. Orden ilegal y arbitraria de la prórroga de funciones de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de la Corte de Apelaciones, para periodo posterior al 12 de octubre del 2019, fecha en la que constitucionalmente deben cesar en sus cargos dichas autoridades.
  15. Apoyo político con resoluciones judiciales en expedientes de amparo para que la hoy procesada y ex candidata presidencial, Sandra Julieta Torres Casanova, pudiera participar en el proceso electoral del 2019.
  16. Extralimitación y manipulación del expediente del amparo que limitó y retrasó al Estado de Guatemala la suscripción pronta y oportuna con el Gobierno de los Estados Unidos de América, del «Acuerdo relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección».

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

No más estado de calamidad

Señor Presidente y Congreso:

¡Pongan fin al Estado de Calamidad!

Guatemala lleva cien días de restricciones. Las libertades fundamentales y aunque se han perdido miles de empleos y centenares de personas han sido sancionadas por transgredir las restricciones, la pandemia sigue expandiéndose y el Estado, con un presupuesto multimillonario como jamás tuvo antes, sigue con las mismas carencias y falta de insumos para atender el COVID-19. Entretanto, la ingobernabilidad y la violencia comienzan a exacerbarse en diferentes puntos del territorio nacional. Ante esta situación, Guatemala Inmortal

Expone

  1. El lunes 15 de junio se conoció la muerte de varios médicos. Hoy se tuvo noticias de otros casos. Aunque las autoridades no han informado a cabalidad cuántos trabajadores de la salud han fallecido en esta epidemia, el hecho es que están muriendo sin insumos para protegerse y en muchos casos, sin recibir el salario que les corresponde.
  2. La situación en Los hospitales sigue siendo dramática y cada día parece ser peor que el anterior. La falta de medicamentos e insumos, además de la indiferencia ante la suerte de personas que han «desaparecido» en el sistema. ciudadanos asintomáticos y sin certeza de estar contagiados que esperan recluidos obligatoriamente, son algunos de los elementos que aprueban este estado calamitoso. Puede comprobarse cuando más de una persona se ha «fugado» de diferentes hospitales. ¿Por qué enfermos huyen del lugar que supuestamente se les debe aportar protección y tratamiento?
  3. La capacidad del laboratorio nacional para gestionar las pruebas de COVID-19 fue rebasada y debido a esto, los datos que la población conoce no corresponden a la realidad. Los casos reportados pueden corresponder a pruebas realizadas hasta 15 días antes, por lo que es imposible conocer los casos del día. Se ha pedido reiteradamente al Presidente que se liberen las pruebas, lo cual no ha realizado y origina el caos actual con los datos reales y la certeza de personas que, por no tener recursos para ejecutarse en un laboratorio privado, pasan largos períodos recluidos sin saber si tienen o no la enfermedad.
  4. La ejecución presupuestaria es lamentable. Aunque ningún gobierno en la historia había tenido una cantidad semejante de fondos que además pueden ejecutarse con menos restricciones al amparo del Estado de Calamidad. Sin embargo, del total de Q14,551,992,496.50 del presupuesto «Emergencia para COVID-19», al 23 de junio se había ejecutado el 25.94% y de los Q1,694,439,393.00 para el MSPAS, únicamente el 3.89%. El ministerio de Economía cuenta con Q400,000,000.00 para préstamos a las empresas, de los cuales no se ha erogado un solo centavo. Igual situación se observa con el MAGA, que de Q401, 300,000.00, muestra 0 de ejecución, según la pagina del Ministerio de Economía. Al mismo tiempo, se sabe que parte de la ampliación presupuestaria de Q6 mil millones serviría para financiar las obligaciones de pactos colectivos en ministerios.
  5. La situación del sector productivo comienza a hacerse insostenible. Pérdidas de empleos, obligaciones onerosas y baja significativa en las ventas. Los costos de funcionamiento de las empresas que aún no han cerrado, ponen en serio peligro la economía nacional. Al mismo tiempo, las invasiones a propiedad privada y otros hechos de violencia e ingobernabilidad amenazan la seguridad de los guatemaltecos.
  6. Mantienen la obligaciones tributarias y no han bajado los salarios de ningún funcionario público como se hizo en muchos países. Allí, se identificaron con su pueblo y se redujeron salarios y prestaciones. Eso quisiéramos los ciudadanos, que los funcionarios guatemaltecos implementaran.
  7. Todo lo anterior es una muestra de que el Estado no tiene capacidad para cuidar de nuestras vidas. Somos ciudadanos independientes, personas libres que hemos vivido una historia dura y hemos sabido salir adelante en situaciones como el terremoto de 1976, el conflicto armado que duró casi cuarenta años, el saqueo sostenido del Estado por varios gobiernos. Por ello, pedimos al Presidente y al Congreso levantar el Estado de Calamidad que tiene viviendo a 17 millones de personas en situación de arresto domiciliario, con la amenaza del desempleo o la quiebra y sin garantías ni libertades.

¡Señor Presidente, permita que cada guatemalteco cuide de sí mismo y su familia, como siempre lo hemos hecho!

¡Por favor, no prorrogue esta situación que está acabando con nuestro país!

¡Pedimos al Congreso que exija los resultado de los fondos otorgados hace 3 meses!

¡No más Estado de Calamidad!

Poder absoluto perversión total (Caso Oderbrecht en Guatemala)

La empresa Oderbrecht celebró contrato con el Estado de Guatemala para construir unos tramos carreteros en el país. Con ocasión del contrato, algunos funcionarios de turno recibieron sobornos. La Fiscalía contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) negoció en la República Federativa de Brasil un «acuerdo de reparación» en el cual la constructora se comprometió i) a reparar el daño, ii) liberar el contrato y iii) devolver el material no utilizado.

La pregunta que se hace los ciudadanos del país es: ¿si el Fiscal de la FECI estaba legitimado y facultado para otorgar, en nombre del Estado de Guatemala, un «acuerdo de reparación»?

La respuesta es NO. La razón es porque la ley NO lo permite.

Resumen Ejecutivo

La actuación del fiscal de la FECI en la negociación con la empresa constructora Oderbrecht, en la República Federativa de Brasil, es abiertamente ilegal y delictual pues se apropió de la personería del Estado de Guatemala la cual no le correspondía, otorgó pactos y convenciones que además de no competirle están reservado a los funcionarios judiciales del país, y con su concurso dejó al país en una posición de total precariedad legal para ejecutar sis legítimos derechos.

Informe

La Constitución Política de la República (arto. 252) establece que el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Por su parte, el Código Penal (arto. 112) indica que toda persona responsable penalmente por un delito lo es también civilmente, la cual comprende (arto. 119) la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios. El método de cómo «liquidar el daño civil» lo regula el Código Procesal Penal (arto. 124) el cual indica que en relación al derecho a la reparación digna:

  1. La acción de reparación puede ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria;
  2. El juez que dicte la sentencia de condena en la sentencia convocará a todos los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación que se llevará a cabo dentro del tercer día;
  3. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y en su caso los daños y perjuicios;
  4. Con la decisión de reparación y la de responsabilidad penal se integra la sentencia escrita.

Los «acuerdos de colaboración» (no acuerdos de reparación) que acepta la legislación del país (Decreto 21-2006) son para la investigación y persecución de los miembros de un grupo delictivo organizado, los cuales se otorgan siempre con autorización judicial.

El «acuerdo de reparación» otorgado por el Fiscal de la FECI del MP, que se juzga, tiene matices incomprensibles:

  1. El Fiscal de la FECI estableció de forma «contractual» con Oderbrecht que el monto de los osbornos había sido de US$17,900,900.00;
  2. El Fiscal de la FECI, de forma «contractual» con Oderbrecht convino un mecanismo para que el Estado de Guatemala pudiera licitar y concluir las obras a cambio de no iniciar acciones legales por el cobro de daños y perjuicios; o sea, renunció a la acción civil derivada del delito;
  3. El Fiscal de la FECI, de forma «contractual» con Oderbrecht definieron que el material no utilizado en la obra ascendía a US$18,095,571.50

La justificación de tan peculiar proceder de esa fiscalía del MP es que con sus actuaciones se recuperó el monto del delito cometido, el cual es distinto al monto del contrato que es la reparación civil que le compete al PGN.

La actuación del Fiscal de la FECI del Ministerio Público con la Constructora Oderbrecht de la República Federativa de Brasil es abrumadoramente ilegal y delictual.

El Fiscal de la FECI no goza de la personería del Estado de Guatemala la cual, por disposición constitucional, le corresponde al Procurador General de la Nación y al haber usurpado tal calidad incurrió en una conducta criminal.

La reparación digna de los aspectos civiles de una conducta criminal los define y determina el Juzgado de la causa después de dictar sentencia, nunca antes.

La definición del monto de un soborno es una facultad estrictamente jurisdiccional, valoración que el juzgador determina a la luz de los elementos probatorios vertidos en el proceso. Es una aberración jurídica pensar que entre un fiscal y el sindicado puedan contractualmente definir uno de los elementos del delito de soborno, cual es su monto.

Es jurídicamente inconsistente invocar que la actuación de la FECI se constriño al aspecto delictual de la operación y no al contrato, cuya responsabilidad compete a la PGN, pues una de las estipulaciones contractuales otorgadas por esa fiscalía fue una renuncia expresa a los daños y perjuicios derivados del contrato.

Es legalmente inadminisble que un fiscal del Ministerio Público en nombre del Estado de Guatemala, por si mismo, pueda otorgar de forma contractual con un contratante sindicado por la justicia del país (Oderbrecht) que «el monto del material no utilizado» en el contrato asciende a US$18,095,571.50. Ello compete con exclusividad al titular del contrato administrativo de parte del Estado de Guatemala, a nadie más.

Carta abierta al señor Presidente Constitucional de la República, Alejandro Giammatei Falla

Nos unimos varias organizaciones que defendemos la libertad y la Constitución para que seamos incluidas en el dialogo de reformas constitucionales

Esperamos pronta respuesta

Alejandro Giammattei

Guatemala Inmortal reacciona ante despliegue policíaco

Fuente: Perspectiva.com.gt

Antes de que concluya la marcha que convocó a unos mil vehículos, entre carros y motos, los participantes cuestionaron el exagerado despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC), que en varias calles y avenidas desde la zona 1 a la 4 intentó frenar el avance de los vehículos.

Redacción Perspectiva

“Cobarde” es uno de los calificativos contra el presidente Alejandro Giammattei que pueden leerse en redes sociales como reacción ante las excesivas medidas de seguridad demostradas por las autoridades para impedir que quienes abogan por la reapertura de la economía expresen su demanda de volver al trabajo sin restricciones.

Al mismo tiempo, otro grupo de ciudadanos increpa a quienes acudieron a la marcha, por considerar que “están esparciendo el virus” y que son empresarios sin necesidad de trabajar. Sin embargo, a la protesta acudieron vehículos de diferentes tipos que muestran la heterogeneidad del grupo que aboga por la apertura de la economía.

Crista Salazar, de Guatemala Inmortal, dijo a Perspectiva: “es una barbaridad que la PNC haya tapado desde la Reforma, es una barbaridad. Comenzaron a preguntar qué estábamos haciendo y qué queríamos. Somos ciudadanos que solo queremos trabajar y estamos manifestando contra la amenaza del Presidente de cerrar 15 días, esto sería una tragedia para Guatemala. No estamos para nada de acuerdo con su amenaza de cerrar 15 días”.

Salazar agregó: “la manifestación ha sido respetuosa. La verdad es una actitud cobarde y lamentable que cierre las calles y no enfrente a la ciudadanía que exige su libertad. Dice que es para cuidar nuestra salud, pero ¿cómo vamos a cuidarla si no tenemos trabajo?

Es un presidente cobarde que no da la cara y luego afirma que sus amenazas son rumores, cuando todo está grabado en las cadenas nacionales. Que tenga un poco de seriedad ante esta situación crítica para Guatemala. Seguiremos protestando hoy y hasta que él entienda que Guatemala es un país libre y él no puede estar jugando con la vida y el trabajo de las personas, que nos permiten tener una vida saludable y en paz”, concluye.

Fuente: Perspectiva.com.gt