Poder absoluto perversión total (Caso Oderbrecht en Guatemala)

La empresa Oderbrecht celebró contrato con el Estado de Guatemala para construir unos tramos carreteros en el país. Con ocasión del contrato, algunos funcionarios de turno recibieron sobornos. La Fiscalía contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) negoció en la República Federativa de Brasil un «acuerdo de reparación» en el cual la constructora se comprometió i) a reparar el daño, ii) liberar el contrato y iii) devolver el material no utilizado.

La pregunta que se hace los ciudadanos del país es: ¿si el Fiscal de la FECI estaba legitimado y facultado para otorgar, en nombre del Estado de Guatemala, un «acuerdo de reparación»?

La respuesta es NO. La razón es porque la ley NO lo permite.

Resumen Ejecutivo

La actuación del fiscal de la FECI en la negociación con la empresa constructora Oderbrecht, en la República Federativa de Brasil, es abiertamente ilegal y delictual pues se apropió de la personería del Estado de Guatemala la cual no le correspondía, otorgó pactos y convenciones que además de no competirle están reservado a los funcionarios judiciales del país, y con su concurso dejó al país en una posición de total precariedad legal para ejecutar sis legítimos derechos.

Informe

La Constitución Política de la República (arto. 252) establece que el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Por su parte, el Código Penal (arto. 112) indica que toda persona responsable penalmente por un delito lo es también civilmente, la cual comprende (arto. 119) la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios. El método de cómo «liquidar el daño civil» lo regula el Código Procesal Penal (arto. 124) el cual indica que en relación al derecho a la reparación digna:

  1. La acción de reparación puede ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria;
  2. El juez que dicte la sentencia de condena en la sentencia convocará a todos los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación que se llevará a cabo dentro del tercer día;
  3. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y en su caso los daños y perjuicios;
  4. Con la decisión de reparación y la de responsabilidad penal se integra la sentencia escrita.

Los «acuerdos de colaboración» (no acuerdos de reparación) que acepta la legislación del país (Decreto 21-2006) son para la investigación y persecución de los miembros de un grupo delictivo organizado, los cuales se otorgan siempre con autorización judicial.

El «acuerdo de reparación» otorgado por el Fiscal de la FECI del MP, que se juzga, tiene matices incomprensibles:

  1. El Fiscal de la FECI estableció de forma «contractual» con Oderbrecht que el monto de los osbornos había sido de US$17,900,900.00;
  2. El Fiscal de la FECI, de forma «contractual» con Oderbrecht convino un mecanismo para que el Estado de Guatemala pudiera licitar y concluir las obras a cambio de no iniciar acciones legales por el cobro de daños y perjuicios; o sea, renunció a la acción civil derivada del delito;
  3. El Fiscal de la FECI, de forma «contractual» con Oderbrecht definieron que el material no utilizado en la obra ascendía a US$18,095,571.50

La justificación de tan peculiar proceder de esa fiscalía del MP es que con sus actuaciones se recuperó el monto del delito cometido, el cual es distinto al monto del contrato que es la reparación civil que le compete al PGN.

La actuación del Fiscal de la FECI del Ministerio Público con la Constructora Oderbrecht de la República Federativa de Brasil es abrumadoramente ilegal y delictual.

El Fiscal de la FECI no goza de la personería del Estado de Guatemala la cual, por disposición constitucional, le corresponde al Procurador General de la Nación y al haber usurpado tal calidad incurrió en una conducta criminal.

La reparación digna de los aspectos civiles de una conducta criminal los define y determina el Juzgado de la causa después de dictar sentencia, nunca antes.

La definición del monto de un soborno es una facultad estrictamente jurisdiccional, valoración que el juzgador determina a la luz de los elementos probatorios vertidos en el proceso. Es una aberración jurídica pensar que entre un fiscal y el sindicado puedan contractualmente definir uno de los elementos del delito de soborno, cual es su monto.

Es jurídicamente inconsistente invocar que la actuación de la FECI se constriño al aspecto delictual de la operación y no al contrato, cuya responsabilidad compete a la PGN, pues una de las estipulaciones contractuales otorgadas por esa fiscalía fue una renuncia expresa a los daños y perjuicios derivados del contrato.

Es legalmente inadminisble que un fiscal del Ministerio Público en nombre del Estado de Guatemala, por si mismo, pueda otorgar de forma contractual con un contratante sindicado por la justicia del país (Oderbrecht) que «el monto del material no utilizado» en el contrato asciende a US$18,095,571.50. Ello compete con exclusividad al titular del contrato administrativo de parte del Estado de Guatemala, a nadie más.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *