Una Falsa Creencia:

Las sentencias de la Corte de Constitucionalidad son la Última Palabra

El profundo respeto del guatemalteco por sus instituciones, a nivel de abogados, ciudadanos o personajes del sector público, han dado por sentado que las sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la interpretación de un derecho o garantía establecidos en la Constitución Política de la Reública de Guatemala es palabra de Dios y final, pero ello no es así.

La Constitución en el artículo 156 indica que; ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. La sentencia, dictada en sede ordinaria o constitucional, implica por esencia una orden al destinatario del fallo. Si esa orden es manifiestamente ilegal el destinatario puede rechazar válidamente su cumplimiento.

El rechazar el cumplimiento de una orden emanada de la CC, como cualquier otro tribunal, tiene sus consecuencias, la primera de ellas es que la CC puede certificar lo conducente al Ministerio Público para que ésta determine si esa rebeldía apareja una desobediencia sancionada criminalmente. Si así fuere, el asunto se traslada´ra al conocimiento de juez del orden criminal quien deberá dictaminar si hubo desobediencia o que no la hubo y que fue lícito que la orden se desobedeciera, por ser una orden manifiestamente ilegal. El juez del orden criminal no cambia lo decidido por la CC, simplemente declara que esa orden no es legal y por ende no exigible.

Por décadas, el anterior procedimiento «nunca» ha sido utilizado, pero es legal y preestablecido, por la misma ley que le da creación a la Corte de Constitucionalidad.

¡No obedecer órdenes ilegales!

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