Nos dirigimos a ustedes como rectores de la política exterior de Guatemala, específicamente, las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América, para expresar la preocupación y molestia que ha motivado en Guatemala Inmortal, la reciente reunión de la vicepresidente estadounidense Kamala Harris, con cuatro ex operadoras de justicia señaladas por diversos delitos e irregularidades en el desempeño de sus funciones judiciales.

Con sorpresa vimos las noticias sobre las declaraciones de la funcionaria estadounidense, quien avaló a Claudia Paz y Paz, ex Fiscal General; Claudia Escobar Mejía, ex magistrada de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones; Thelma Aldana, ex Fiscal General y Gloria Porras, ex magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Estas ex funcionarias optaron por auto exiliarse, tres de ellas ante la legítima persecución penal que ellas han sabido vender en el extranjero como una supuesta venganza de “poderes oscuros”. Sin embargo, la realidad es que evadieron presentarse ante la justicia como haría cualquier ciudadano de bien.

Aunque no existe persecución penal contra Claudia Escobar Mejía, su salida del país fue consecuencia de los métodos poco convencionales que usó para sindicar al ex diputado oficialista Gudy Rivera, con quien sostuvo una conversación que grabó para acusarlo ante la CICIG. Independientemente de los delitos que pudo haber cometido Rivera, la forma en que la magistrada obtuvo la supuesta prueba fue denunciada por el político como violación al derecho de defensa, tutela judicial efectiva y derecho al debido proceso, en un amparo contra la Corte Suprema de Justicia que la CC otorgó a Rivera, en agosto de 2015 y como parte del proceso 5919-2014.

Escobar ha sido calificada por los medios como una jurista con una hoja de vida “casi perfecta” y su cercanía con la CICIG y organizaciones no gubernamentales de izquierda es patente. Actualmente, se desempeña como académica en EE.UU. y estuvo postulada para Fiscal General en 2018.

Claudia Paz y Paz es una activista de izquierda y analista del Informe Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), devenida en Fiscal General, puesto al que llegó nombrada por Álvaro Colom para sustituir a Conrado Reyes, defenestrado cuando la CICIG manifestó “dudas” sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado, extremo que jamás logró probarse.

Reyes había asumido en mayo de 2010, mientras Paz y Paz llegó al puesto seis meses después y concluyó su mandato en mayo de 2014, plazo estipulado por la ley que ella objetó afirmando que se iba “siete meses antes de lo esperado”.

Paz y Paz, promotora de la “justicia transicional”, incluyendo el fallido proceso por “genocidio”, salió de Guatemala el mismo día en que dejó el puesto “porque temía ser detenida”, informaron los medios de comunicación, que detallaron la “sensación de acoso” que rodeaba a la funcionaria, con una causa penal abierta en el expediente 01069-2014-00250, debido a una millonaria deuda del Ministerio Público con Globalcorp, que databa de tiempo atrás y la fiscal no atendió. En ese expediente constan los 11 cargos contra Paz y Paz, que incluyen abuso de autoridad, desobediencia, y conspiración.

Además, la ex fiscal evitó investigar un intento de asesinato contra la ex fiscal del MP Gilda Aguilar, presuntamente atacada por el Comité de Unidad Campesina (CUC), en 2012.

El CUC, grupo campesino surgido de la organización Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), “gozaba la protección de Paz y Paz”, señala otro medio de la época. Varios familiares de la ex fiscal fueron militantes del EGP, y es indiscutible que durante su gestión, promovió la impunidad para esa organización y otros grupos campesinos que usurpan terrenos. En algunos casos, estos grupos se han convertido en ejércitos de choque al servicio del narcotráfico y resguardan terrenos que se usan como pistas para esa actividad criminal.

Thelma Aldana. “Nueva Fiscal General de Guatemala es un golpe a quienes combaten la impunidad”, expresaba un titular periodístico el 12 de mayo de 2014. Dicho titular no fue publicado en un medio de ultraderecha al servicio de los “poderes ocultos”, la “élite depredadora” o el crimen organizado.

Se trata del encabezado de un artículo de Kyra Gurney, publicado en Insight Crime, donde se asegura que Aldana llegó al puesto:

“Respaldada tanto por Gustavo Herrera, un importante hombre de negocios con presuntos vínculos criminales y gran influencia sobre el proceso, como por la vicepresidente Roxana Baldetti, quien se ha enfrentado a acusaciones de conexiones con redes criminales”

Otra de las publicaciones que criticó la llegada de Aldana al MP fue el CMI, cuyo periodista Rodrigo Véliz señalaba el 11 de mayo de 2014:

“Aldana cuenta con un historial lleno de tachas y periodos en donde el tráfico de influencias, común en el Organismo Judicial y en general el sistema de justicia, fue sacado a luz en varios escándalos públicos”.

Como fiscal, Aldana logró congraciarse con el ex comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y en el contexto de las protestas que defenestraron a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se ubicó como punta de lanza en la llamada “lucha contra la corrupción” y pasó de ser un elemento que generaba anticuerpos en la izquierda (como se evidencia en las citas anteriores), a una heroína de esos grupos, que incluso la nombraron candidata presidencial de Semilla.

Aldana huyó de Guatemala luego de que el juez Víctor Cruz ordenara su captura por la contratación irregular del abogado Gustavo Bonilla en el MP, pero esta es solamente una de las graves acusaciones que pesan contra la otrora aliada de Pérez Molina:

  • Plaza fantasma a José Carlos Marroquín, quien siendo “exiliado” en EE.UU. no vaciló en recibir dinero del Estado del cual escapó y que supuestamente lo buscaba para asesinarlo;
  • Compra anómala de un edificio sobrevalorado (Edificio Gerencial Asunción), que costó Q35 millones al MP y sigue deshabitado por no contar con condiciones;
  • Recibió un cheque por US$250 mil de una cuestionada ONG (Rule of Law and Anti-Corruption Centre) en una transferencia proveniente de Doha Qatar.

Además, Aldana ha sido criticada por encubrir a su ex secretaria Mayra Véliz, el uso de recursos millonarios en vehículos y seguridad para su uso personal y muchos otros actos.

“Gloria Porras equivale a impunidad” estas palabras fueron pronunciadas por la ex Fiscal Aldana cuando inició su autoexilio, ante una cadena televisiva abiertamente afín a ella. Sin embargo, el tiempo las ubicó como aliadas y actualmente, se presentan como adalides de la lucha por la transparencia ante la vicepresidente Kamala Harris, quien les dio su espaldarazo como representantes de la “independencia judicial”.

Ciertamente, el ejercicio de independencia judicial de Porras conllevó una serie de extralimitaciones que lograron más de veinte amparos muy cuestionables. Entre estos otorgó un amparo a un alcalde muy cuestionado por corrupto, Abraham Rivera. Este amparo terminó beneficiando al esposo de Gloria Porras, quien obtuvo una consultoría en la municipalidad de Escuintla, donde el hijo de Rivera (Abraham Rivera Jr.), es alcalde.

Sumado a la enorme lista de irregularidades que Porras y magistrados aliados a ella cometieron en la CC, caracterizados por parcializarse a favor de ONGs que se autodenominan “sociedad civil”, Porras huyó de Guatemala el recién pasado 13 de abril, cuando no fue juramentada por el Congreso y por ende, perdió su inmunidad.

Aunque tendenciosamente se presentó este hecho como una maniobra del Congreso, la realidad es que la ex magistrada fue sindicada por la Asociación de Dignatarios de la Nación por los delitos de prevaricato, violación de la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad. Además, el proceso que la designó magistrada representante de la universidad nacional ante la CC fue objetado y resultó inválido.

Señores Presidente, Canciller y Embajador:

Guatemala Inmortal observó con profunda preocupación el espaldarazo de la vicepresidente Kamala Harris a estas ex funcionarias judiciales, tres de ellas seriamente comprometidas ante la justicia.

Consideramos que la vicepresidente puede haber sido informada con datos inexactos por parte de funcionarios estadounidenses cercanos a las organizaciones locales que avalan a estas abogadas, lo que originó esta entrevista que consideramos totalmente inapropiada, especialmente porque dos de ellas tienen serios problemas con la justicia en Guatemala.

Por lo anterior

Consideramos necesario que, en aras del respeto y las debidas relaciones diplomáticas, el Departamento de Estado estadounidense sea informado por la vía oficial sobre este hecho que atenta contra nuestro ordenamiento jurídico: ofrecer apoyo a una prófuga de la justicia y a una ex magistrada que huyó antes de enfrentar la ley.

Solicitamos de ustedes que, como rectores de nuestra política exterior, hagan una nota de protesta al Departamento de Estado, haciendo ver la falta cometida por la vicepresidente Harris, probablemente resultado de la desinformación, pero en cualquier caso, ofensiva para Guatemala en tanto que irrespeta nuestro ordenamiento jurídico y pasa sobre el derecho soberano de nuestra nación a aplicar las leyes contra ex funcionarios corruptos y transgresores del Estado de Derecho.

Guatemala, 20 de mayo de 2021

No responses yet

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¡Suscríbete!

Suscríbete a nuestra red ciudadana para estar informado de todas nuestras causas en la defensa de la libertad