Ilegalidades y arbitrariedades de la Corte de Constitucionalidad

  1. Se atentó contra la independencia Judicial al impedir que la Presidente electa en el año 2018 ejerciera sus funciones y se negoció con dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se promoviera una nueva votación.
  2. Se anuló el nombramiento de varios gobernadores departamentales y se ordenó actos contrarios a lo establecido en la Constitución.
  3. Se impidió la ejecución de la declaratoria de «Non grato» del ex Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, hecha por el Presidente de la República basándose en la Convención de Viena.
  4. Ordenó al Congreso de la República dejar de cumplir su función para aprobar leyes, en varias oportunidades.
  5. Limitó las facultades de la Cancillería guatemalteca, llegando al extremo de pedirle que suprimiera párrafos de notas diplomáticas que advertían al ex Comisionado, Iván Velásquez Gómez, para que dejara de inmiscuirse en asuntos internos.
  6. Retardo malicioso en asuntos judiciales que finalizó con suspender la licencia de operación de la Mina San Rafael, sin respetar criterios expresados en sentencias anteriores de esa misma Corte.
  7. Retardo maliciosos en expedientes relacionados con las minas «El Tambor» y «La Puya», las cuales tienen suspendidas sus operaciones por más de dos años.
  8. Debido al retardo malicioso en sus resoluciones, el Estado de Guatemala enfrenta demandas por más de dos millones de quetzales por la suspensión de las minas en «San José del Golfo» y «San Pedro Ayampuc».
  9. Retardo malicioso por más de diez meses en resoluciones de expedientes que atentan contra la independencia de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, María COnsuelo Porras Argueta.
  10. Suspensión arbitraria, injustificada y sin base legal de la integración plena de esa Corte., la cual impide la toma de posesión del Doctor en Derecho, Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, como Magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
  11. Resolución ilegal para mantener en el país al Embajador de Suecia, Andres Kompass, quien abusa de su cargo e inmunidad diplomática para facilitar la actividad de grupos desestabilizadores en contra de la libertad de los guatemaltecos.
  12. Suspensión arbitraria del proceso Constitucional de las Comisiones de Postulación para elaborar lista de Magistrados de las Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones, para el periodo del 13 de octubre 2019 al 112 de octubre 2024.
  13. Alteró los estatutos del Instituto de Jueces y Magistrados para conformar más de una planilla de candidatos. Presionó para elegir a sus delegados ante la Comisión de Postulación para listados de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2019 al 2024.
  14. Orden ilegal y arbitraria de la prórroga de funciones de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de la Corte de Apelaciones, para periodo posterior al 12 de octubre del 2019, fecha en la que constitucionalmente deben cesar en sus cargos dichas autoridades.
  15. Apoyo político con resoluciones judiciales en expedientes de amparo para que la hoy procesada y ex candidata presidencial, Sandra Julieta Torres Casanova, pudiera participar en el proceso electoral del 2019.
  16. Extralimitación y manipulación del expediente del amparo que limitó y retrasó al Estado de Guatemala la suscripción pronta y oportuna con el Gobierno de los Estados Unidos de América, del «Acuerdo relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección».

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

No más estado de calamidad

Señor Presidente y Congreso:

¡Pongan fin al Estado de Calamidad!

Guatemala lleva cien días de restricciones. Las libertades fundamentales y aunque se han perdido miles de empleos y centenares de personas han sido sancionadas por transgredir las restricciones, la pandemia sigue expandiéndose y el Estado, con un presupuesto multimillonario como jamás tuvo antes, sigue con las mismas carencias y falta de insumos para atender el COVID-19. Entretanto, la ingobernabilidad y la violencia comienzan a exacerbarse en diferentes puntos del territorio nacional. Ante esta situación, Guatemala Inmortal

Expone

  1. El lunes 15 de junio se conoció la muerte de varios médicos. Hoy se tuvo noticias de otros casos. Aunque las autoridades no han informado a cabalidad cuántos trabajadores de la salud han fallecido en esta epidemia, el hecho es que están muriendo sin insumos para protegerse y en muchos casos, sin recibir el salario que les corresponde.
  2. La situación en Los hospitales sigue siendo dramática y cada día parece ser peor que el anterior. La falta de medicamentos e insumos, además de la indiferencia ante la suerte de personas que han «desaparecido» en el sistema. ciudadanos asintomáticos y sin certeza de estar contagiados que esperan recluidos obligatoriamente, son algunos de los elementos que aprueban este estado calamitoso. Puede comprobarse cuando más de una persona se ha «fugado» de diferentes hospitales. ¿Por qué enfermos huyen del lugar que supuestamente se les debe aportar protección y tratamiento?
  3. La capacidad del laboratorio nacional para gestionar las pruebas de COVID-19 fue rebasada y debido a esto, los datos que la población conoce no corresponden a la realidad. Los casos reportados pueden corresponder a pruebas realizadas hasta 15 días antes, por lo que es imposible conocer los casos del día. Se ha pedido reiteradamente al Presidente que se liberen las pruebas, lo cual no ha realizado y origina el caos actual con los datos reales y la certeza de personas que, por no tener recursos para ejecutarse en un laboratorio privado, pasan largos períodos recluidos sin saber si tienen o no la enfermedad.
  4. La ejecución presupuestaria es lamentable. Aunque ningún gobierno en la historia había tenido una cantidad semejante de fondos que además pueden ejecutarse con menos restricciones al amparo del Estado de Calamidad. Sin embargo, del total de Q14,551,992,496.50 del presupuesto «Emergencia para COVID-19», al 23 de junio se había ejecutado el 25.94% y de los Q1,694,439,393.00 para el MSPAS, únicamente el 3.89%. El ministerio de Economía cuenta con Q400,000,000.00 para préstamos a las empresas, de los cuales no se ha erogado un solo centavo. Igual situación se observa con el MAGA, que de Q401, 300,000.00, muestra 0 de ejecución, según la pagina del Ministerio de Economía. Al mismo tiempo, se sabe que parte de la ampliación presupuestaria de Q6 mil millones serviría para financiar las obligaciones de pactos colectivos en ministerios.
  5. La situación del sector productivo comienza a hacerse insostenible. Pérdidas de empleos, obligaciones onerosas y baja significativa en las ventas. Los costos de funcionamiento de las empresas que aún no han cerrado, ponen en serio peligro la economía nacional. Al mismo tiempo, las invasiones a propiedad privada y otros hechos de violencia e ingobernabilidad amenazan la seguridad de los guatemaltecos.
  6. Mantienen la obligaciones tributarias y no han bajado los salarios de ningún funcionario público como se hizo en muchos países. Allí, se identificaron con su pueblo y se redujeron salarios y prestaciones. Eso quisiéramos los ciudadanos, que los funcionarios guatemaltecos implementaran.
  7. Todo lo anterior es una muestra de que el Estado no tiene capacidad para cuidar de nuestras vidas. Somos ciudadanos independientes, personas libres que hemos vivido una historia dura y hemos sabido salir adelante en situaciones como el terremoto de 1976, el conflicto armado que duró casi cuarenta años, el saqueo sostenido del Estado por varios gobiernos. Por ello, pedimos al Presidente y al Congreso levantar el Estado de Calamidad que tiene viviendo a 17 millones de personas en situación de arresto domiciliario, con la amenaza del desempleo o la quiebra y sin garantías ni libertades.

¡Señor Presidente, permita que cada guatemalteco cuide de sí mismo y su familia, como siempre lo hemos hecho!

¡Por favor, no prorrogue esta situación que está acabando con nuestro país!

¡Pedimos al Congreso que exija los resultado de los fondos otorgados hace 3 meses!

¡No más Estado de Calamidad!

Poder absoluto perversión total (Caso Oderbrecht en Guatemala)

La empresa Oderbrecht celebró contrato con el Estado de Guatemala para construir unos tramos carreteros en el país. Con ocasión del contrato, algunos funcionarios de turno recibieron sobornos. La Fiscalía contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) negoció en la República Federativa de Brasil un «acuerdo de reparación» en el cual la constructora se comprometió i) a reparar el daño, ii) liberar el contrato y iii) devolver el material no utilizado.

La pregunta que se hace los ciudadanos del país es: ¿si el Fiscal de la FECI estaba legitimado y facultado para otorgar, en nombre del Estado de Guatemala, un «acuerdo de reparación»?

La respuesta es NO. La razón es porque la ley NO lo permite.

Resumen Ejecutivo

La actuación del fiscal de la FECI en la negociación con la empresa constructora Oderbrecht, en la República Federativa de Brasil, es abiertamente ilegal y delictual pues se apropió de la personería del Estado de Guatemala la cual no le correspondía, otorgó pactos y convenciones que además de no competirle están reservado a los funcionarios judiciales del país, y con su concurso dejó al país en una posición de total precariedad legal para ejecutar sis legítimos derechos.

Informe

La Constitución Política de la República (arto. 252) establece que el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Por su parte, el Código Penal (arto. 112) indica que toda persona responsable penalmente por un delito lo es también civilmente, la cual comprende (arto. 119) la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios. El método de cómo «liquidar el daño civil» lo regula el Código Procesal Penal (arto. 124) el cual indica que en relación al derecho a la reparación digna:

  1. La acción de reparación puede ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria;
  2. El juez que dicte la sentencia de condena en la sentencia convocará a todos los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación que se llevará a cabo dentro del tercer día;
  3. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y en su caso los daños y perjuicios;
  4. Con la decisión de reparación y la de responsabilidad penal se integra la sentencia escrita.

Los «acuerdos de colaboración» (no acuerdos de reparación) que acepta la legislación del país (Decreto 21-2006) son para la investigación y persecución de los miembros de un grupo delictivo organizado, los cuales se otorgan siempre con autorización judicial.

El «acuerdo de reparación» otorgado por el Fiscal de la FECI del MP, que se juzga, tiene matices incomprensibles:

  1. El Fiscal de la FECI estableció de forma «contractual» con Oderbrecht que el monto de los osbornos había sido de US$17,900,900.00;
  2. El Fiscal de la FECI, de forma «contractual» con Oderbrecht convino un mecanismo para que el Estado de Guatemala pudiera licitar y concluir las obras a cambio de no iniciar acciones legales por el cobro de daños y perjuicios; o sea, renunció a la acción civil derivada del delito;
  3. El Fiscal de la FECI, de forma «contractual» con Oderbrecht definieron que el material no utilizado en la obra ascendía a US$18,095,571.50

La justificación de tan peculiar proceder de esa fiscalía del MP es que con sus actuaciones se recuperó el monto del delito cometido, el cual es distinto al monto del contrato que es la reparación civil que le compete al PGN.

La actuación del Fiscal de la FECI del Ministerio Público con la Constructora Oderbrecht de la República Federativa de Brasil es abrumadoramente ilegal y delictual.

El Fiscal de la FECI no goza de la personería del Estado de Guatemala la cual, por disposición constitucional, le corresponde al Procurador General de la Nación y al haber usurpado tal calidad incurrió en una conducta criminal.

La reparación digna de los aspectos civiles de una conducta criminal los define y determina el Juzgado de la causa después de dictar sentencia, nunca antes.

La definición del monto de un soborno es una facultad estrictamente jurisdiccional, valoración que el juzgador determina a la luz de los elementos probatorios vertidos en el proceso. Es una aberración jurídica pensar que entre un fiscal y el sindicado puedan contractualmente definir uno de los elementos del delito de soborno, cual es su monto.

Es jurídicamente inconsistente invocar que la actuación de la FECI se constriño al aspecto delictual de la operación y no al contrato, cuya responsabilidad compete a la PGN, pues una de las estipulaciones contractuales otorgadas por esa fiscalía fue una renuncia expresa a los daños y perjuicios derivados del contrato.

Es legalmente inadminisble que un fiscal del Ministerio Público en nombre del Estado de Guatemala, por si mismo, pueda otorgar de forma contractual con un contratante sindicado por la justicia del país (Oderbrecht) que «el monto del material no utilizado» en el contrato asciende a US$18,095,571.50. Ello compete con exclusividad al titular del contrato administrativo de parte del Estado de Guatemala, a nadie más.

Petición constitucional, exigiendo que no se inscriba a la prófuga de la justicia Thelma Aldana

Guatemala Inmortal, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral, petición constitucional, exigiendo que no se inscriba a la prófuga de la justicia Thelma Aldana, sobre quien pesan graves sindicaciones de corrupción, así como la destitución del Registrador de Ciudadanos por su notoria parcialidad.

Carta abierta al señor Presidente Constitucional de la República, Alejandro Giammatei Falla

Nos unimos varias organizaciones que defendemos la libertad y la Constitución para que seamos incluidas en el dialogo de reformas constitucionales

Esperamos pronta respuesta

Alejandro Giammattei

¡No a la prorroga del Estado de Calamidad!

Grupos interesados que apoyan incondicionalmente la agenda globalista y cierran los ojos ante los atropellos gubernamentales, están empeñados en desvirtuar la lucha legítima y la manifestación pacífica del 28 de mayo recién pasado, donde se denunciaron los atropellos del gobierno ilegítimo de Alejandro Giammattei Falla en contubernio con los diputados del Congreso de la República. Por esta situación, Guatemala Inmortal

Manifiesta

  1. Es lamentable la forma en la cual se ha tratado de difamar la protesta de diferentes grupos sociales el recién pasado 28 de mayo. Esta campaña parece ser orquestada por los  creadores de fake news y seudoperiodistas que favorecen con sus coberturas a la agenda izquierdista y programas globalistas salidos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y todas sus derivaciones, así como la Organización Mundial de la Salud (OMS9 con el fin único de hacer un Nuevo Orden Mundial “Novus Ordo”, así como Organizaciones No Gubernamentales y grupos paralelos que se autodenominan “sociedad civil”.  
  2. En esa manifestación, ciudadanos sin filiación política de diferentes grupos sociales se unieron en la Plaza de la Constitución para denunciar todo el atropello del presidente Alejandro Giammattei Falla, avalado por los legisladores, quienes están aprovechando una pandemia que ha significado la pérdida irreparable de vidas humanas en todo el mundo, sin excluir a Guatemala. Hemos visto cómo la maquinaria de corrupción de estos dos organismos estatales, bajo el pretexto de la pandemia, incrementaron de forma desmedida la deuda del Estado, con una ampliación presupuestaria de Q. 29,000,000,000.00 de los cuales solamente el 10 % será para atender la Pandemia del COVID-19.
  3. Hemos visto cómo el presidente Ilegítimo Alejandro Giammattei Falla ha comprado a la voluntad de un sector de la prensa seudoindependiente de Guatemala. Como ejemplo, citamos el silencio del español Pedro Trujllo y el guatemalteco Juan Luis Font, en su programa de opinión Con Criterio S.A., así como otros medios de comunicación comprados con supuesta propaganda, costeada con el Presupuesto General de la Nación. Esto, a fin de cuentas, lo pagaremos todos los guatemaltecos: empresarios, trabajadores, profesionales, agricultores o comerciantes informales. A fin de cuentas, todos seremos perjudicados de una u otra forma.
  4. La caravana del 28 de mayo fue atacada por la prensa cooptada, la Policía Nacional Civil (PNC) y grupúsculos de poder que no han dado la cara, pero han dañado a nuestro país con resarcimientos inescrupulosos.
  5. Nos unimos a la caravana para manifestar nuestro descontento e inconformidad por el incumplimiento de los compromisos gubernamentales de una administración estatal a todas luces corrupta e ineficiente, porque hasta hoy no ha podido paliar ninguno de los efectos de salud y económicos causados por las políticas del gobierno para supuestamente para contener la epidemia de COVID-19.
  6. Como guatemaltecos de bien, es nuestro deber hacernos escuchar sobre la inconformidad por la forma inicua y corrupta que el actual presidente ilegítimo, a Giammattei Falla, con la complicidad de los diputados, continúan estafando y engañando a una sociedad devastada económicamente, donde solo por la buena voluntad de la ciudadanía no se han producido estallidos sociales como los del pasado, que desangraron a la familia guatemalteca. Hasta la fecha continuamos pagando el precio de ese pasado.
  7. Por tanto, llamamos a los verdaderos guatemaltecos a que participen en todas las manifestaciones que se convoquen para denunciar el engaño de los funcionarios de gobierno, quienes han recibido hasta el último centavo de sus salarios, a diferencia de la mayor parte de los guatemaltecos, que ya no cuenta con un ingreso digno. Participaremos en las marchas hasta que el país tenga un rumbo correcto.
  8. Exigimos que el Congreso ponga un ALTO al abuso del Estado de Calamidad este martes 2 de junio.

¡Estamos cansados de tanto engaño por parte del gobierno ilegítimo!

¡No aceptamos loas calumnias de la prensa vendida y los fake news a sueldo del gobierno!

Guatemalteco: ¡Participa en las manifestaciones por tu derecho a ganarte la vida dignamente!

La verdadera ayuda para todos los guatemaltecos: reactivación económica e inversión extranjera

En menos de dos meses, centenares de empresas han cerrado y miles de guatemaltecos enfrentan el desempleo encerrados en sus viviendas, sin posibilidad de buscar trabajo. Lo que vive el país no es producto de una recesión, sino de una paralización forzosa que resulta del abordaje dado por el gobierno a la epidemia. Las empresas no reciben ningún incentivo para reactivarse y nos enfrentamos a un panorama de desempleo masivo, que puede llevarnos a un caos de violencia y pobreza extrema generalizada. Para reactivar la economía, Guatemala Inmortal.

Propone al presidente constitucional de la República y al Organismo Legislativo

  1. Eliminar el Impuesto de Solidaridad (ISO), que en teoría es un impuesto temporal pero lleva 11 años en vigencia. Descartar el ISO es una de las medidas más urgentes para dar un respiro a las empresas. Su tipo impositivo es del 1% y se calcula sobre la cuarta parte del monto de activos netos o ingresos brutos de quienes están obligados a tributarlo. Se paga trimestralmente, cuatro veces al año. Puede ser acreditado al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que también puede acreditarse al ISO.
  2. Reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Además de ser un impuesto elevado, su pago es un trámite complicado y engorroso que no contribuye en nada a atraer las inversiones. Economistas han mencionado que para producir verdaderas mejoras en el crecimiento económico, es necesario atraer inversión y formalizar a la mayor parte de la economía. Simplificar tributos no debiera ser una opción, cuando es una necesidad.
  3. Aprobar leyes de interés para la reactivación económica:
    • Emitir la reglamentación al Convenio 175 de la OIT, que dará certeza jurídica a la contratación a tiempo parcial;
    • Aprobar la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, iniciativa del PRONACOM que permitiría reducir engorrosos trámites, lo que seguramente atraería inversión.
    • Aprobar la Ley de Insolvencia o iniciativa 5456, presentada hace dos años. Esta ley busca ayudar a personas o empresas que no han logrado cumplir sus obligaciones financieras y corren riesgo de embargo o desalojo. Beneficiaría desde tarhetahabientes insolventes con sus créditos hasta empresas que consideren cerrar sus puertas. Exceptúa a instituciones bancarias y financieras.
  4. Eliminar plazas fantasmas, dietas, pactos colectivos, exceso de asesores y bajar el salario en un 40% a todos los burócratas. Gran parte de los recursos que provienen de la ampliación presupuestaria y los préstamos aprobados este año se destinarán a financiar una considerable burocracia estatal que no ha sido afectada como el resto de la población. Consideramos que esos recursos deben destinarse a reactivar la economía, por el bien de Guatemala.

¡Guatemala necesita una reactivación económica urgente para no hundirse en un caos de pobreza, delincuencia e ingobernabilidad!

¡Señor presidente y autoridades, por favor, tomen en cuenta que la reactivación económica es la alternativa para salir adelante!

¡La mejor ayuda que puede ofrecernos el gobierno es reactivar la economía!

Análisis sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC)

Supuesto: La Corte de Constitucionalidad emitió sentencia de amparo en única instancia, ordenando al Ministerio Público que informe en un plazo de 10 días el estatus jurídico procesal del caso COMISIONES PARALELAS 2020. Con base en ese informe se concederá un plazo perentorio al Congreso de la República para que elija Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Corte de Apelaciones, excluyendo a los candidatos señalados o tachados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público.  También ordenó que debe excluirse del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, derivado de hechos notorios denunciados en el amparo.

Motivos que hacen ilegal esa resolución:

  1. Plazo de la investigación: Artículo 324 Bis del Código Procesal Penal establece que ninguna autoridad puede fijarle plazo a una investigación si no existe auto de procesamiento y auto de medidas de coerción en contra de un sindicado específico. Únicamente si se cumplen esas condiciones y por competencia estricta del órgano jurisdiccional competente. Caso contrario, la Corte de Constitucionalidad se estaría arrogando funciones ministeriales y judiciales que no le competen y estaría incurriendo en usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
  2. Derecho de defensa y presunción de inocencia: La Constitución Política de la República regula: Artículo 12.- Derecho de defensa. Artículo 14.- Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Un simple informe del Ministerio Público dirigido al Congreso de la República, sin que exista sentencia firme (previo a ser citados, oídos y vencidos en juicio), en contra de algunos de los candidatos a Magistraturas, no es presupuesto suficiente para destruir la presunción de inocencia (derecho humano constitucional) de una persona. Ello sería violatorio tanto de la presunción de inocencia, como del derecho de defensa y de la seguridad y certeza jurídica regulada en el Artículo 2º. Constitucional.
  3. Competencia específica y oportunidad procesal: El Artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación regula: Artículo 20. Publicación de nombres de aspirantes. Las Comisiones de Postulación darán a conocer los nombres de los participantes que reúnan los requisitos de Ley, por medio de una publicación que efectúen en el diario oficial y en dos de mayor circulación del país, para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento, lo haga saber por escrito a dicha Comisión. El Congreso de la República NO es el competente de conocer TACHAS o IMPEDIMENTOS debidamente fundamentados para establecer que una persona NO cumple con los requisitos de idoneidad, honradez y honorabilidad para acceder al cargo público de Magistrado. La Competencia en esa materia la detentan las Comisiones de Postulación.
  4. Reserva de las actuaciones: El Artículo 314 del Código Procesal Penal establece: Artículo 314.- Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños”. Según la Ley ordinaria adjetiva y el Artículo 14 constitucional, SOLAMENTE el juez y las partes procesales tiene acceso a las actuaciones de un proceso penal (esto es, reserva LEGAL de las actuaciones, que es diferente a la reserva JUDICIAL de las actuaciones). Es decir, ninguna autoridad puede ordenar al Ministerio Público que REVELE INFORMACIÓN RESERVADA a otras personas que no sean las que por virtud de ley estén legitimadas para tener acceso a las actuaciones procesales y actos de investigación. Por lo que el fiscal al remitir información de investigaciones en curso estaría cometiendo delito de revelación de información confidencial o reservada, regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública
  5. Autonomía funcional del Ministerio Público: Artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio Público cuenta con autonomía funcional y no está subordinado ni siquiera a la Corte de Constitucionalidad. Por tanto, no puede ser obligado a rendir informe sobre actuaciones procesales (reservadas por mandato legal) a terceros extraños o ajenos al proceso, tampoco se le puede fijar un plazo para concluir o avanzar en la investigación sin que exista persona ligada a proceso, mucho menos si no se trata del órgano jurisdiccional competente.
  6. No subordinación del Congreso de la República en elección de Magistrados: Constitución Política de la República: Artículo 215.- Elección de la Corte Suprema de Justicia, y  Artículo 157.- Potestad legislativa y elección de diputados. La potestad legislativa, corresponde con exclusividad al Congreso de la República. Dentro de esa potestad se encuentra la función de elegir Magistrados de CSJ y de las Cortes de Apelaciones, con base en el listado de candidatos remitido por las Comisiones de Postulación. La ley NO exige otro requisito. Es decir, la Corte de Constitucionalidad NO PUEDE imponer requisitos adicionales más allá de los fijados por la Constitución y las leyes. Caso contrario incurriría en ilegalidades y abuso de autoridad. Por tanto, no puede imponer como presupuesto legal para la elección de Magistrados, que se tome en cuenta un informe del Ministerio Público para asumir una decisión que se enmarca dentro de la potestad legislativa.
  7. Responsabilidad de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: Artículo 69. Impugnación de lo resuelto. Contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley.
  8. Posibles delitos: Dicho lo anterior, en caso la Corte de Constitucionalidad emitiera resolución basada en el supuesto planteado en este documento, los Magistrados incurrirían en los siguientes delitos:
    • LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
    • ARTICULO 67. Revelación de información confidencial o reservada.
    • CÓDIGO PENAL
    • ARTICULO 418. Abuso de autoridad
    • ARTICULO 423.- Resoluciones violatorias a la constitución
    • ARTÍCULO 381.- Violación a la constitución
    • ARTÍCULO 335.- Usurpación de Atribuciones

¡No podemos perder la libertad de expresión!

Guatemala está  en un momento muy delicado, donde las restricciones dictadas por el Estado pretenden frenar el avance de la pandemia COVID-19. Sin embargo, como ciudadanos libres no podemos permitir que, al amparo de las medidas de emergencia se adopten acciones que restringen libertades fundamentales como la de expresión, que es puntal de todo régimen democrático.

Manifiesta:
  1. El Estado Republicano y Democrático descansa sobre la base de las libertades individuales. Una de las más preciadas e importantes es la libre emisión del pensamiento, que en Guatemala está regulada por el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que dice: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.
  2. El espíritu de la democracia republicana se sustenta en la ausencia de censura. En 2005, la lucha de periodistas guatemaltecos logró que se eliminara de las leyes el delito de “desacato”, que básicamente era la penalización de expresiones injuriosas u ofensivas contra funcionarios.
  3. Por muy desagradable o incluso repugnante que pueda parecer una idea, tratar de censurarlas reduce significativamente la democracia.
  4. No podemos olvidar que los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua iniciaron censurando a los medios de comunicación. Esto luego se extendió a todas las formas de libertad de expresión y convirtió a esos países en dictaduras donde no hay ciudadanos libres, sino personas subordinadas a los dictadores.
  5. La libre expresión, ejercida por ciudadanos y medios de comunicación, es un derecho que constituye un contrapeso a los poderes establecidos y se define como libertad frente a represión.
  6. En este momento adverso para el país, es de vital importancia para la gobernabilidad mantener vigentes las pocas libertades que aún pueden detentarse. Cuando no tenemos libre locomoción, libre comercio y libertad de producir, el ejercicio de la libre expresión es más necesario que nunca. No sólo para informar y ser informados, sino como un ejercicio que dignifica a los ciudadanos.
Por lo anterior, solicitamos al Presidente Alejandro Giammattei
  1. Velar porque todos los medios de comunicación puedan expresar libremente sus ideas, sin ningún tipo de cortapisa ni acción represora que nos haga retroceder en términos de democracia.
  2. Garantizar a los periodistas el acceso a las fuentes de información y a la ciudadanía, el derecho a informarse en los medios existentes, sea cual sea su posición ideológica, política o religiosa.
  3. Permitir que la ciudadanía se exprese libremente a través de las redes sociales.

¡Por favor Presidente, no permita que perdamos la libertad de expresión!

Guatemala Inmortal seguirá luchando por el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas.

¡Debemos regresar ala actividad económica, cuidando la salud con responsabilidad!

La situación económica comienza a tornarse grave para Guatemala. No estamos ante una recesión, sino en medio de una crisis motivada por el encierro obligatorio de toda la población. Urge reactivar la economía y permitir el retorno a la actividad productiva de forma responsable. De lo contrario, nos amenaza un grave escenario que incluye desempleo y miseria, violencia y nuevas epidemias producto de la pobreza generalizada. Por lo anterior, Guatemala Inmortal

Expone:
  1. Miles de empresas han suspendido contratos, despedido trabajadores y quebrado. Hay guatemaltecos poniendo banderas blancas en sus ventanas, para dar a conocer que necesitan alimentos. Esta situación no es producto de una recesión económica, que se produce durante años de deterioro. Es una paralización de la economía que se produjo de golpe, como consecuencia de un encierro obligatorio.
  2. Entre otras proyecciones económicas, se estima que la deuda total sobre PIB (incluyendo IGSS y Banguat), va a subir a casi el 49% del PIB y más del 500% de ingreso fiscal en 2020. Esto nos convertirá al país de la región con el peor ingreso fiscal.
  3. La economía formal está constituida por diversidad de empresas: pequeñas, medianas y grandes. Microempresas familiares y otras muchas que además de generar empleo, tributan puntualmente. Entre otras, la gremial de fabricantes de calzado, que agrupa a 741 empresas y genera 60 mil empleos, se encuentra inactiva hace un mes. Esta gremial propuso al gobierno un plan para reactivar su sector, que corre grave riesgo y el año pasado, contribuyó con el 0.8% del PIB a la economía nacional (US$622.8 millones). La economía formal ha sido “abandonada a su suerte”, sin recibir ningún incentivo o facilidad de parte de las autoridades, implacables a la hora de cobrar impuestos.
  4. Guatemala necesita urgentemente que se reactive la economía. Produciendo y trabajando con responsabilidad podemos retornar a la normalidad gradualmente. Si la economía permanece inactiva, estamos en riesgo de enfrentar una crisis nunca vista, que puede llevar al país hacia un escenario trágico: revueltas, saqueos, violencia y miseria.

Por lo anterior, y ante la crítica situación que comienza a manifestarse, Guatemala Inmortal

Propone:

Al Presidente Constitucional de la República y a todas las autoridades correspondientes (Ministerios de Salud, Finanzas, Trabajo, SAT, Municipalidades y otros)

  1. La realización de pruebas masivas. Esto significa que todos los laboratorios dispongan de pruebas. Masificarlas permitiría que todos dispongan de certificados de salud, además de atender prontamente los casos positivos. Los certificados evitarían los ataques a deportados y a personas sospechosas de estar contagiadas.
  2. Informes de cómo se han recuperado los enfermos de coronavirus, en Guatemala y el mundo. Este dato permitiría a muchos médicos abordar posibles casos y daría tranquilidad a la población.
  3. Informar detalladamente cómo se desarrolla la pandemia en el mundo. La información confiable de la situación permitirá evitar el miedo y la circulación de noticias falsas.
  4. Es necesario activar el transporte público con medidas de distanciamiento social. Las autoridades deben velar porque las empresas, instituciones y personas individuales mantengan las medidas de higiene y distanciamiento, sin que por eso se conviertan en personas que viven en una situación similar a la del arresto domiciliar y sin posibilidad de ganarse la vida.
  5. Reactivar la economía, eliminando impuestos innecesarios y facilitando créditos a empresas que suspendieron labores, para que puedan pagar salarios y restablecer sus operaciones.
  6. Guatemala necesita seguir con el libre comercio y quitar las regulaciones que impiden las exportaciones e importaciones, para reactivar rápidamente la economía.

¡Debemos regresar a la actividad económica, cuidando la salud con responsabilidad!

Señor Presidente: ¡Permítanos volver a trabajar, respetando las medidas sanitarias!