Una Falsa Creencia:

Las sentencias de la Corte de Constitucionalidad son la Última Palabra

El profundo respeto del guatemalteco por sus instituciones, a nivel de abogados, ciudadanos o personajes del sector público, han dado por sentado que las sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la interpretación de un derecho o garantía establecidos en la Constitución Política de la Reública de Guatemala es palabra de Dios y final, pero ello no es así.

La Constitución en el artículo 156 indica que; ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. La sentencia, dictada en sede ordinaria o constitucional, implica por esencia una orden al destinatario del fallo. Si esa orden es manifiestamente ilegal el destinatario puede rechazar válidamente su cumplimiento.

El rechazar el cumplimiento de una orden emanada de la CC, como cualquier otro tribunal, tiene sus consecuencias, la primera de ellas es que la CC puede certificar lo conducente al Ministerio Público para que ésta determine si esa rebeldía apareja una desobediencia sancionada criminalmente. Si así fuere, el asunto se traslada´ra al conocimiento de juez del orden criminal quien deberá dictaminar si hubo desobediencia o que no la hubo y que fue lícito que la orden se desobedeciera, por ser una orden manifiestamente ilegal. El juez del orden criminal no cambia lo decidido por la CC, simplemente declara que esa orden no es legal y por ende no exigible.

Por décadas, el anterior procedimiento «nunca» ha sido utilizado, pero es legal y preestablecido, por la misma ley que le da creación a la Corte de Constitucionalidad.

¡No obedecer órdenes ilegales!

Ilegalidades y arbitrariedades de la Corte de Constitucionalidad

  1. Se atentó contra la independencia Judicial al impedir que la Presidente electa en el año 2018 ejerciera sus funciones y se negoció con dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se promoviera una nueva votación.
  2. Se anuló el nombramiento de varios gobernadores departamentales y se ordenó actos contrarios a lo establecido en la Constitución.
  3. Se impidió la ejecución de la declaratoria de «Non grato» del ex Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, hecha por el Presidente de la República basándose en la Convención de Viena.
  4. Ordenó al Congreso de la República dejar de cumplir su función para aprobar leyes, en varias oportunidades.
  5. Limitó las facultades de la Cancillería guatemalteca, llegando al extremo de pedirle que suprimiera párrafos de notas diplomáticas que advertían al ex Comisionado, Iván Velásquez Gómez, para que dejara de inmiscuirse en asuntos internos.
  6. Retardo malicioso en asuntos judiciales que finalizó con suspender la licencia de operación de la Mina San Rafael, sin respetar criterios expresados en sentencias anteriores de esa misma Corte.
  7. Retardo maliciosos en expedientes relacionados con las minas «El Tambor» y «La Puya», las cuales tienen suspendidas sus operaciones por más de dos años.
  8. Debido al retardo malicioso en sus resoluciones, el Estado de Guatemala enfrenta demandas por más de dos millones de quetzales por la suspensión de las minas en «San José del Golfo» y «San Pedro Ayampuc».
  9. Retardo malicioso por más de diez meses en resoluciones de expedientes que atentan contra la independencia de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, María COnsuelo Porras Argueta.
  10. Suspensión arbitraria, injustificada y sin base legal de la integración plena de esa Corte., la cual impide la toma de posesión del Doctor en Derecho, Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, como Magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
  11. Resolución ilegal para mantener en el país al Embajador de Suecia, Andres Kompass, quien abusa de su cargo e inmunidad diplomática para facilitar la actividad de grupos desestabilizadores en contra de la libertad de los guatemaltecos.
  12. Suspensión arbitraria del proceso Constitucional de las Comisiones de Postulación para elaborar lista de Magistrados de las Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones, para el periodo del 13 de octubre 2019 al 112 de octubre 2024.
  13. Alteró los estatutos del Instituto de Jueces y Magistrados para conformar más de una planilla de candidatos. Presionó para elegir a sus delegados ante la Comisión de Postulación para listados de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2019 al 2024.
  14. Orden ilegal y arbitraria de la prórroga de funciones de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de la Corte de Apelaciones, para periodo posterior al 12 de octubre del 2019, fecha en la que constitucionalmente deben cesar en sus cargos dichas autoridades.
  15. Apoyo político con resoluciones judiciales en expedientes de amparo para que la hoy procesada y ex candidata presidencial, Sandra Julieta Torres Casanova, pudiera participar en el proceso electoral del 2019.
  16. Extralimitación y manipulación del expediente del amparo que limitó y retrasó al Estado de Guatemala la suscripción pronta y oportuna con el Gobierno de los Estados Unidos de América, del «Acuerdo relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección».

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

Análisis sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC)

Supuesto: La Corte de Constitucionalidad emitió sentencia de amparo en única instancia, ordenando al Ministerio Público que informe en un plazo de 10 días el estatus jurídico procesal del caso COMISIONES PARALELAS 2020. Con base en ese informe se concederá un plazo perentorio al Congreso de la República para que elija Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Corte de Apelaciones, excluyendo a los candidatos señalados o tachados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público.  También ordenó que debe excluirse del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, derivado de hechos notorios denunciados en el amparo.

Motivos que hacen ilegal esa resolución:

  1. Plazo de la investigación: Artículo 324 Bis del Código Procesal Penal establece que ninguna autoridad puede fijarle plazo a una investigación si no existe auto de procesamiento y auto de medidas de coerción en contra de un sindicado específico. Únicamente si se cumplen esas condiciones y por competencia estricta del órgano jurisdiccional competente. Caso contrario, la Corte de Constitucionalidad se estaría arrogando funciones ministeriales y judiciales que no le competen y estaría incurriendo en usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
  2. Derecho de defensa y presunción de inocencia: La Constitución Política de la República regula: Artículo 12.- Derecho de defensa. Artículo 14.- Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Un simple informe del Ministerio Público dirigido al Congreso de la República, sin que exista sentencia firme (previo a ser citados, oídos y vencidos en juicio), en contra de algunos de los candidatos a Magistraturas, no es presupuesto suficiente para destruir la presunción de inocencia (derecho humano constitucional) de una persona. Ello sería violatorio tanto de la presunción de inocencia, como del derecho de defensa y de la seguridad y certeza jurídica regulada en el Artículo 2º. Constitucional.
  3. Competencia específica y oportunidad procesal: El Artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación regula: Artículo 20. Publicación de nombres de aspirantes. Las Comisiones de Postulación darán a conocer los nombres de los participantes que reúnan los requisitos de Ley, por medio de una publicación que efectúen en el diario oficial y en dos de mayor circulación del país, para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento, lo haga saber por escrito a dicha Comisión. El Congreso de la República NO es el competente de conocer TACHAS o IMPEDIMENTOS debidamente fundamentados para establecer que una persona NO cumple con los requisitos de idoneidad, honradez y honorabilidad para acceder al cargo público de Magistrado. La Competencia en esa materia la detentan las Comisiones de Postulación.
  4. Reserva de las actuaciones: El Artículo 314 del Código Procesal Penal establece: Artículo 314.- Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños”. Según la Ley ordinaria adjetiva y el Artículo 14 constitucional, SOLAMENTE el juez y las partes procesales tiene acceso a las actuaciones de un proceso penal (esto es, reserva LEGAL de las actuaciones, que es diferente a la reserva JUDICIAL de las actuaciones). Es decir, ninguna autoridad puede ordenar al Ministerio Público que REVELE INFORMACIÓN RESERVADA a otras personas que no sean las que por virtud de ley estén legitimadas para tener acceso a las actuaciones procesales y actos de investigación. Por lo que el fiscal al remitir información de investigaciones en curso estaría cometiendo delito de revelación de información confidencial o reservada, regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública
  5. Autonomía funcional del Ministerio Público: Artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio Público cuenta con autonomía funcional y no está subordinado ni siquiera a la Corte de Constitucionalidad. Por tanto, no puede ser obligado a rendir informe sobre actuaciones procesales (reservadas por mandato legal) a terceros extraños o ajenos al proceso, tampoco se le puede fijar un plazo para concluir o avanzar en la investigación sin que exista persona ligada a proceso, mucho menos si no se trata del órgano jurisdiccional competente.
  6. No subordinación del Congreso de la República en elección de Magistrados: Constitución Política de la República: Artículo 215.- Elección de la Corte Suprema de Justicia, y  Artículo 157.- Potestad legislativa y elección de diputados. La potestad legislativa, corresponde con exclusividad al Congreso de la República. Dentro de esa potestad se encuentra la función de elegir Magistrados de CSJ y de las Cortes de Apelaciones, con base en el listado de candidatos remitido por las Comisiones de Postulación. La ley NO exige otro requisito. Es decir, la Corte de Constitucionalidad NO PUEDE imponer requisitos adicionales más allá de los fijados por la Constitución y las leyes. Caso contrario incurriría en ilegalidades y abuso de autoridad. Por tanto, no puede imponer como presupuesto legal para la elección de Magistrados, que se tome en cuenta un informe del Ministerio Público para asumir una decisión que se enmarca dentro de la potestad legislativa.
  7. Responsabilidad de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: Artículo 69. Impugnación de lo resuelto. Contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley.
  8. Posibles delitos: Dicho lo anterior, en caso la Corte de Constitucionalidad emitiera resolución basada en el supuesto planteado en este documento, los Magistrados incurrirían en los siguientes delitos:
    • LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
    • ARTICULO 67. Revelación de información confidencial o reservada.
    • CÓDIGO PENAL
    • ARTICULO 418. Abuso de autoridad
    • ARTICULO 423.- Resoluciones violatorias a la constitución
    • ARTÍCULO 381.- Violación a la constitución
    • ARTÍCULO 335.- Usurpación de Atribuciones

¡La ley de ONGs está vigente y vamos a exigir su cumplimiento!

Guatemala Inmortal expresa su preocupación por el comunicado del Gobierno en el que se acata la resolución ilegal de la Corte de Constitucionalidad (CC), aún sin estar de acuerdo. Por ello,

Expone:

  1. El 27 de febrero, el Presidente Alejandro Giammattei sancionó las reformas a la Ley de ONG´s y aseguró que esta entraría en vigencia hoy viernes, 6 de marzo de 2020. Ese día, dijo a los medios que sancionaba la normativa “por transparencia” y aseguró que había tomado la decisión basado en las enormes sumas que esas organizaciones manejan de forma opaca. Además, expresó que está asesorado por un grupo de constitucionalistas quienes no habían encontrado inconstitucionalidades en las reformas.
  2. Hoy, cuando la normativa debió publicarse en el Diario Oficial para su entrada en vigencia, el mandatario se retracta de su decisión anterior, luego de que la CC confirmara la “suspensión temporal” de las reformas.
  3. Hoy, el mandatario publica un comunicado ambiguo, donde expresa que no está de acuerdo con el fallo de la CC, pero que lo respeta y al mismo tiempo, hace un llamado a la unidad de los guatemaltecos. Aquí cabe preguntarse ¿qué clase de unidad puede haber cuando el Presidente adopta una actitud que pretende ser salomónica pero solamente es confusa? ¿recibió presión de algún actor, nacional o extranjero, para cambiar lo que parecía ser una decisión irrevocable?
  4. Pocas horas después de que se divulgara el comunicado gubernamental, la reacción que ha tenido es todo lo contrario a lo que aparentemente pretendió y ha motivado fuertes críticas contra el mandatario, por parte de “tirios y troyanos”. Quienes se oponían a la regulación de las ONG´s, afirman que el Presidente tomó una decisión lamentable al sancionarla y no perciben el comunicado como un llamado a la unidad para “la transparencia, la prosperidad y el desarrollo”, sino como una maniobra para distraer la atención ciudadana hacia otros temas. Y los que exigimos que la ley sancionada siga su curso, tal como ordenan las normativas vigentes, vemos a un mandatario que está acatando una orden ilegal de una CC que gobierna de facto y se inmiscuye en todos los aspectos del poder político y está  manejada por grupos de izquierda.
  5. Por lo anterior, Guatemala Inmortal pide al Presidente que no ceda ante la presión de una corte ilegítima y usurpadora, sino por el contrario, siga adelante con la vigencia de la normativa. La CC no es ni será jamás el máximo poder del Estado guatemalteco.
  6. Recordamos que, ante una ley sancionada, es posible interponer una acción de inconstitucionalidad, que obligaría a revisar algunos artículos, pero no procede un recurso de amparo que busca detenerla. La ley está vigente y vamos a exigir su cumplimiento.

¡Estamos cansados de que nos gobiernen las ONG´s financiadas y dirigidas por grupos de la izquierda internacional!

¡Exigimos la vigencia de una ley que ya fue aprobada y sancionada conforme a Derecho!

¡Señor Presidente, usted no está obligado a acatar órdenes ilegales. No permita que la CC siga suplantando los poderes de los tres organismos del Estado!

Lo que tenía que pasar pasó

La Corte de Constitucionalidad, de forma ilegal y con claro abuso de poder:

  1. Interfirió ilegalmente en el Organismo Judicial al impedir la designación y elección de la Presidenta electa en el año 2018;
  2. Anuló ilegalmente el nombramiento de los gobernadores departamentales designados por el ex presidente Jimmy Morales, en su primer año de gobierno;
  3. Interfirió ilegalmente en la política exterior del país al anular la declaratoria de «non grato» del Comisionado de Cicig, Iván Velasquez;
  4. Intervino ilegalmente en la función legislativa del Congreso de la República, períodos 2018-2019, en repetidas oportunidades derrochando un claro abuso de poder;
  5. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo al interferir incluso en las redacciones de las notas diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores;
  6. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas, al propiciar un retardo malicioso en el expediente constitucional que condujo al cierre de la mina San Rafael;
  7. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas al propiciar el cierre malicioso de las minas El Tambor y la Puya;
  8. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas, al propiciar un retardo malicioso en el expediente constitucional de las minas ubicadas en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo por lo que el Estado de Guatemala enfrenta un juicio de daños de Dos Mil millones de Quetzales (Q2, 000M) que el Estado deberá pagar;
  9. Intervino ilegalmente en las funciones del Ministerio Público, a cargo de la Dra Consuelo Porras, propiciando retardos maliciosos en los expedientes constitucionales;
  10. Intervino de forma ilegal, arbitraria e injustificada en la integración de la propia Corte de Constitucionalidad vedándole al Dr. Arnulfo Reyes Sagastume su integración a la misma;
  11. Interfirió ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores al vetar la declaratoria de non grato del Embajador de Suecia (Andrew Kompass);
  12. Interfirió ilegalmente en dos oportunidades en la elección de magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones al anular las actuaciones de las Comisiones de Postulación;
  13. Intervino ilegalmente ante el Instituto de Jueces y Magistrados obligándolos, de forma arbitraria, a modificar su régimen estatutario interno de planilla única;
  14. Intervino de forma ilegal e ilegítima en régimen electoral del país propiciando la formal participación de la candidata presidencial Sandra Julieta Torres Casanova, no obstante los impedimentos que en ella concurrian;
  15. Intervino de forma ilegal y arbitraria las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que a política exterior del país de refiere, en lo concerniente a acuerdos migratorios;
  16. Intervino de forma ilegal y arbitraria en las funciones del Organismo Legislativo pretendiendo que una ley formal y materialmente válida (Ley Modificatoria a la Ley ONG) el Congreso de la República la dejara en suspenso cuando la ley ya está publicada en el Diario Oficial.
  17. Etc, etc, etc.

La Corte de Constitucionalidad era una de las cortes de jurisdicción constitucional más respetadas de América Latina. Sus actuales magistrados, titulares y suplentes, con excepción de la Dra Josefina Ochoa, la convirtieron en un reducto político, el cual a través de falsas legalidades, buscaron ejecutar como vulgares meretrices las políticas socialistas del Foro de Sao Paulo.
Fallaron y siguen fallando.

A corto plazo no sería raro que se produjera una desobediencia civil generalizada de sus fallos pues de acuerdo a la Constitución Política del país, misma que ellos juraron defender, ningún funcionario público está obligado a acatar órdenes manifiestamente ilegales COMO LAS QUE ELLOS DICTAN PARA REALIZAR SUS DELEZNABLES OBJETIVOS POLÍTICOS.

139 días sin cortes

No hay validez si usted tiene casos en el ramo civil, penal, laboral y constitucional ya que los magistrados están en prolongación de funciones, rompiendo el Estado de Derecho.
Esto nos afecta a todos.
La CC está causando un golpe de estado en Guatemala.
¿hasta cuándo lo vamos a permitir?
#GuateQuiereJusticia

Los guatemaltecos queremos elección de cortes

Caso 1. Si usted se divorció luego del 13 de octubre del 2019, su divorcio No tiene validez legal ya que cualquier tramite que involucre al sistema de justicia en Guatemala no vale.
Todos los magistrados están en prolongación de sus funciones de facto y no de derecho, rompiendo el Estado de Derecho.
No hay validesz si usted tiene casos en el ramo Civil, Penal, Laboral, Constitucional, etc.

CC: Aún es tiempo.

El amparo provisional dictado en el caso de las modificaciones a la Ley de ONGs es claramente ilegal, y en contra de su propia jurisprudencia.

El amparo no es el medio idóneo para atacar las irregularidades constitucionales de una ley. Para ello está la inconstitucionalidad.

La propia jurisprudencia de esta Corte reitera que cuando un proceso legislativo conlleve la creación de una ley que represente una posible «amenaza» a los derechos humanos, que vía amparo pueda suspenderse tal proceso gubernamental.

En este caso no están suspendiendo un proceso legislativo que represente una AMENAZA sino una LEY formal y materialmente válida, en vacatio legis.

Equivocarse es de humanos y rectificar es de seres divinos.

Rectifiquen, pues van a propiciar desobediencia civil, que en nada conviene al momento político del país.

Mensaje al Sr. Presidente y diputados

Señor presidente y diputados, este es el momento de defender la República

Los magistrados de la CC, de nuevo, vuelven a incurrir en ilegalidad y extralimitarse en sus funciones en su afán de defender grupos criminales

GUATEMALA VA PRIMERO, DEFIENDANLA

La Corte de Constitucionalidad no es la autoridad suprema del Estado guatemalteco

Nuevamente, la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó un amparo que intenta detener por tercera vez el proceso para elegir magistrados. Ante este nuevo atropello de la CC, Guatemala Inmortal

Expone

  1. La CC es una instancia secundaria en el sistema de justicia. Tiene la autoridad supera en la defensa de la Constitución Política de la República. Su obligación es velar porque esta se cumpla, revisando los proyectos de ley y/o acciones que transgredan lo establecido en la Carta Magna. Sus cinco magistrados titulares, y los cinco suplente, son nombrados por el Presidente de la República, el congreso de la República, el rector de la USAC, la CSJ y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. No son autoridades electas popularmente y no tienen potestad sobre ninguno de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como tampoco pueden ordenar pueden ordenar a los diputados sobre los temas a legislar ni entrometerse en las funciones del mandatario, como la política internacional, o la CSJ.
  2. Desde que inició la gestión de la actual CC, integrada por magistrados que tienen evidentes vinculos con políticos y organizaciones internacionales de izquierda, la CC se ha extralimitado en sus funciones, emitieno fallos y amparos que pueden calificarse de absurdos e intolerables. Por ejemplo, contradiciendo un fallo anterior sobre una hidroeléctrica, suspendieron más de un año las operaciones de una minera, dejando cesantes cientos de empleados directos, miles de indirectos y causando un tremendo daño a la economía del país, que se reflejó en el PIB de ese año, según el BANGUAT. El caso de la minera San Rafael también endeudó al Estado, que deberá pagar costos a la empresa citada. La CC también se inmiscuyó en dos ocasiones en asuntos de política internacional, que solamente compete al Presidente, cuando otorgó amparos a favor del ex comisionado Iván Velásquez y el embajador sueco Andres Kompass. Llegaron al extremo de «autoampararse» para impedir que se retirara el derecho de antejuicio a tres de sus magistrados.
  3. Entre los daños que los fallos de la CC han provocado al Estado guatemalteco, está la suspensión del proceso para elegir magistrados a las cortes de Apelaciones y CSJ, accediendo a los amparos interpuestos por la Fundación Myrna Mack y otras ONG’s. Es un caso grave, porque la suspensión motivó que en octubre de 2019, se prorrogara ilegalmente el plazo de la actual CSJ, que según varios juristas, actualmente ejerce el poder de facto. Aunque el proceso se había reiniciado con aparente normalidad, reciente surgió el escándalo que implica a Gustavo Alejos como un operador que había influenciado en las nominaciones. Y este fue el pretexto para que el MP interpusiera un nuevo amparo a fin de que se suspenda el proceso. Las consecuencias de esto pueden ser catastróficas para la institucionalidad. Para empezar, se mantendría la CSJ de facto que opera actualmente. ¿Qué pretende la CC con este nuevo retardo que tiene muchas características de ser malicioso?
  4. Al parecer, la CC está empeñada en organizar un proceso a la medida de las ONG’s y socialistas extranjeros que intentan apoderarse de todo el sistema de justicia. Contar con cortes afines pareciera ser el máximo objetivo, sin importar los medios que están logrando para alanzar esto. Sin embargo, la CC no está por encima del Presidente ni del Congreso, quienes tienen la última palabra.

Guatemala Inmortal pide al Presidente Alejandro Giammatei y a la Junta Directiva del Organismo Legislativo que se concluya el proceso para elegir a las cortes, y que posteriormente , se comience el proceso para reformar la manera en que estas se eligen. Asimismo, pedimos al Presidente que, ante la posibilidad de un ampara contra la ley que fiscalizará a las ONG’s, mantenga su posición firme, en aras de la transparencia y la necesaria limpieza que necesita Guatemala.

¡No más amparos arbitrarios y a la medida!

¡La CC no está por encima de la ley!

¡Nosotros no elegimos a la CC, que perdió su razón de ser!

Guatemala Inmortal, al Presidente de la República, a la Corte de Constitucionalidad (CC) y a la opinión pública, hace saber:

  1. A partir de la firma de los Acuerdos de Paz (1996), proliferaron Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), generalmente financiadas por entidades internacionales. Algunas realizan na labor valiosa, pero otras promueven la conflictividad e incluso cometen delitos, como el hurto de fluidos eléctricos, destrucción de maquinaria industrial, ocupación de tierras y retención ilegal de personas. También existen ONG’s que podrían estar vinculadas con grupos criminales y lavado de dinero, además de las que surgen al amparo del Estado y son manejadas por funcionarios públicos.
  2. La ley de ONG’s data de 2003. La propuesta para su reforma fue conocida por el pleno del Congreso en 2017 y siguió todo el proceso para su aprobación. El 11 de febrero fue aprobada por artículos, lo que motivó crítica y descontento de algunos legisladores y Organizaciones no Gubernamentales.
  3. Entre estos, el llamado «Frente Ciudadano Contra la Corrupción», integrado por propietarios o directivos de ONG’s, como Helmer Velásquez, ex candidato a diputado por Semilla y directivo de la Coordinación de ONG’s y Cooperativas (CONGCOOP). La diputada, Lucrecia Hernández Mack, también de Semilla, pidió al presidente Alejandro Giammattei que vete las reformas. Ella es socia fundadora de dos ONG’s: la Fundación Myrna Mack y el Instituto de Salud Incluyente (ISIS). Igual posición adoptaron los legisladores Vicenta Jerónimo, relacionada con la ONG CODECA, y Aldo Dávila, de Gente Positiva.
  4. La ONG, Acción Ciudadana, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se suspenda la ley. Ante esta oposición unánime de partes interesadas, cabe preguntarse ¿por qué los directivos, dueños y fundadores de ONG’s son quienes se oponen a que éstas sean reguladas y fiscalizadas? ¿Cómo es posible que los activistas contra la corrupción pretendan evadir la rendición de cuentas que la nueva ley exige?
  5. Cualquier proyecto legislativo puede contener errores e incluso artículos contrarios a la Constitución Política de la República. La CC es el organismo que deberá revisar esta normativa y decidir si algún artículo atenta contra los principios consignados en ella. Sin embargo, es imperativo que se legisle para que las ONG’s rindan cuentas sobre el destino que dan a sus fondos, quiénes son sus donantes y también respondan ante la ley si ejecutan alguna acción contraria a ésta.

Por lo anterior, Guatemala Inmortal:

A. Condena los intentos de quienes, con evidente conflicto de interés, pretenden evitar que se apruebe una reforma que transparentaría el anejo de miles de millones de quetzales erogados por instituciones gubernamentales o donados por organizaciones internacionales paras diferentes ONG’s.

B. Pide al presidente de la República, Dr. Alejandro Giammattei, que analice cuidadosamente esta propuesta, antes de acceder a las peticiones que le han realizado propietarios y directivos de diferentes ONG’s para no rendir cuentas.

C. Exige a la CC que cumpla su función constitucional, enmendando o eliminando los artículos que pudieran contener inconstitucionalidades o violaciones contra los derechos humanos, pero que no acceda al amparo evidentemente interesado que ONG’s interpusieron para no rendir cuentas a sus donantes ni ser auditadas.