Terapia Urgente

«Para salvar la Constitución Políticas urgente y necesario desobedecer a la Corte de Constitucionalidad«.

La ciencia médica indica que cuando los síntomas de una enfermedad aparecen de forma espontánea, natural, y resultan evidentes, es signo claro que la enfermedad está presente. El decidir no enfrentarla, sino por comodidad ignorarla, puede conducir a graves consecuencias, irreversibles e irreparables.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala está «verdaderamente enferma» y sólo la indolencia y tolerancia propia del carácter tan especial del guatemalteco pudo haber permitido que esa institución se llegara a gangrenar a los neveles actuales. ¡Es imperioso actuar! ¡y sin demora!

Historia.

Es indudable que la mayor conquista visible de la última Constitución Política del país (1985) fue la creación y organización de la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta Corte resultó ser el bálsamo sanador de las heridas de un país causadas por una lucha fratricida de larguísimos años, y cuya patología común era una inmisericorde violación de derechos humanos de los guatemaltecos de una ideología, de los de la otra ideología, y de los de cualquier otra también. el guatemalteco en ese tiempo había ya perdido, de forma total, el respeto por la vida, la paz y la propiedad.

La CC desde su inicio tuvo el acierto de hacerle ver al país que una convivencia digna, respetuosa y en paz sólo cabe y puede darse dentro de un marco de leyes, en que administradores (Estado) y administrados (población) procedan con estricto apego a derecho.

Los ciudadanos y los funcionarios de Estado lo entendieron, también lo aceptaron , y con ello se dio por varios años una primavera institucional en el país. Tan bien cimentado llegó a estar el concepto en relación a esta Corte que el guatemalteco la elevó a categoría, metafóricamente hablando, de corte celestial. La Corte procedía a constituirse en el último eslabón de la justicia total, pues aquello que la justicia ordinaria resolviera y, en última instancia, la justicia constitucional acordara era ciertamente «lo definitivo». Más allá de ello cabía exclusivamente la imploración de favores celestiales.

La Corte funcionó adecuadamente por varias décadas y resultó un extraordinario solucionador de contiendas en el país pues, sin entrar en justicia ordinaria, podía revisar si el órgano gubernamental había o no respetado los derechos fundamentales del particular, para poder así seguir adelante.

Lo más relevante de esta Corte fue que, sin tener fuerza pública integrada en su organización, la fuerza de sus fallos fue contundente. Nadie, por las razones que fueren, se atrevió a desobedecer la coercitividad de sus resoluciones las que siempre fueron respetadas y acatadas. La disidencia encontraba acomodo, exclusivamente, en los foros de la academia que la misma Corte, de forma inteligente, valoró e incorporó a su organización. La humildad mostrada con la creación del Instituto de Justicia Constitucional es evidencia notable de la inteligencia colectiva de aquellos que dominaban, en esos tiempos, la institución. El derecho, por esencia, es materia opinable y es de sabios reconocer que nunca, nadie, interpretando derecho tiene la última palabra.

La CC lucía pues como una auténtica joya jurídica institucional, así como un suculento plato político nacional e internacional de políticos aviesos. Es un órgano que puede tener la última palabra en todo y además ha creado conciencia colectiva, incondicionalmente aceptada, que hay que obedecerla y respetarla y los guatemaltecos la obedecen y también respetan.

La Crisis.

La ciencia política que no para mientes en los «medios» pues vive de «resultados» focalizó la nobleza de institución que representaba la CC en el espectro político del país.

Una muy bien orquestada estrategia de orden nacional e internacional logró, en pocos años, cooptar dicha institución apoyada por la embajada estadounidense y un Departamento de Estado de rancio corte demócrata. El nuevo propósito habría de ser el revestir de aparente legalidad una estrategia política internacional, justificada operativamente por una aparente lucha contra la impunidad.

Para ello, el Estado de Guatemala fue irresponsablemente inducido a entrar en un contrato de gestión política del país (Convenio CICIG) con la Organización de Naciones Unidas en que un genuino Virrey (Comisionado), inmune a todo, decidió por espacio de más de una década sobre vidas y haciendas del país, que en el mundo moderno se traduce en: a quién procesar criminalmente y porqué. Tan aviesa estructura necesitó para su viabilidad operativa de un protector político institucional, la cual encontró formal e incondicional acomodó en la otrora noble Corte de Constitucionalidad.

La política minera del país, la política exterior en materia de agentes y representantes diplomáticos (que incluye al Virrey), la utilización de la santidad de la institución para auto protegerse los magistrados (auto amparo), e incluso la abierta interferencia en la agenda del Organismo Legislativo (¡!) pasaron a depender, y hoy en día dependen, de la voluntad de res magistrados de la CC (GPorras, BMejia y FdeMataVela).

Tan patético escenario es de difícil comprensión pues cuesta imaginar cómo, la grandeza y omnipotencia de tan noble institución, aya caído al estercolero en que hoy se encuentra.

La Terapia.

Es indudable que las instituciones las hacen los hombres y mujeres que las componen e integran y que dependiendo de las luces y sobras de estos, así serán los brillos y deméritos del ente de gobierno.

El problema se agudiza cuando los miembros integrantes de la institución se vuelven en contra de su propia organización.

La CC fue concebida para proteger la Constitución pero ahora resulta que la voluntad de tres de sus magistrados han resultado ser tres inequívocas muestras, evidentes y notorias, de que lo que buscan es destruir la propia Constitución.

El impedir la conformación del Organismo Judicial tal y como lo ordena la Constitución Política por intermedio de un más que espurio ampara, planteado por una lacaya de la instancia socialera internacional (Mack), y pretender interferir las funciones constitucionales de investigación del Congreso de la República a través de un leguleyo testaferro (Carrillo) del Virrey Velasquez, son otras muestras, más bien lo que persiguen es destruirla.

¿Qué terapia cabe aplicar?

A la conformación de la actual CC le resta completar el periodo integro de la magistrada Gloria Porras, precisamente una de las integrantes de la trinca infernal y diabólica que persigue destruir la Constitución. Un sueño de opio sería que la propia magistrada Porras y los otros dos magistrados renunciaran para poder así, con sus suplentes, poder iniciar el reencauzamiento institucional de la CC; pero ello no va a suceder.

Habrá ponzoña y vergüenza constitucional por más de un año, lo cual por el respeto a las instituciones estamos obligados a respetar.

Lo que sí es constitucionalmente lícito y dable es establecer «a sotto voce» que, de ahora en adelante, esas resoluciones politiqueras no merecen, ni obediencia, ni acatamiento, pues de acuerdo a la propia Constitución ningún funcionario, civil o militar, está obligado a acatar ordenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.

Llegamos a la ironía de que para salvar la Constitución hay que desobedecer a la Corte de Constitucionalidad. El adecuado respeto a la Constitución, -que nosotros los ciudadanos si tenemos- nos obliga a sostener a estos tres magistrados malandrines hasta la finalización de su último período pero, como la misma Constitución nos habilita, desoyéndolos y desobedeciendolos, pues nadie está obligado a acatar órdenes ilegales sin importar que sean de la CC.

Llegarán tiempos mejores en que los nuevos magistrados integrantes de la CC sean personas probas, honestas y comprometidas con la sagrada salvaguarda de nuestros valores constitucionales y podremos reencausar nuestro ordenamiento institucional.

Irónico pero necesario, para salvar la Constitución es urgente y necesario desobedecer a la Corte de Constitucionalidad.

Al presidente de los Estados Unidos de América, Donad J. Trump

Hace saber que:

En Guatemala se elegirá el próximo 16 de junio al presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados al Congreso de la República y al Parlacen. Debido a ello, se hace de su conocimiento que la candidata presidencial, Sandra Julieta Torres Casanova, también corrió en el 2015, con el partido político Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Ese año CICIG emitió un informe: «Financiamiento de la Política en Guatemala», menciona que el partido UNE ha sido financiado con dinero proveniente del narcotráfico.

De la misma forma, se hace de su conocimiento, que el aspirante a la vicepresidencia del mismo partido, Carlos Raúl Morales Moscoso, formó parte de una estructura criminal organizada transnacional. Utilizó su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para extender de forma ilegal documentación migratoria a extranjeros, en su mayoría a ciudadanos árabes, dentro de los cuales figuran cuatro sindicados de terrorismo internacional.

Llama la atención que la Administración para el Control de Drogas, DEA, el exembajador estadounidense, Todd Robinson y el actual, Luis Arrega, no hayan gestionado la investigación, ya que afecta gravemente la seguridad de su país.

Al mismo tiempo, solicitamos tomar nota de los hechos denunciados para evitar a toda costa que Guatemala se convierta en un narco-Estado, con las repercusiones para la región.

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

Las pruebas presentadas por CICIG fueron contaminadas y se introdujeron testigos falsos

Guatemala Inmortal a la Doctora María Consuelo Porras Argueta hace saber que:

Desde el año 2015 es de conocimiento de los guatemaltecos que se presentaron varios hechos de alto impacto investigados por CICIG y el Ministerio Público. En repetidas ocasiones las pruebas fueron contaminadas y se introdujeron testigos falsos. Consecuentemente, es necesaria una revisión minuciosa por parte de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para poder tener éxito en la acusación de los casos investigados con anterioridad.

Además, es importante operativizar en lo siguiente:

  1. El caso «Oderbrecht», en donde el sindicado es el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; quien sin representación del Estado condonó el cumplimiento de una fianza en favor de Guatemala de 300 millones de dólares.
  2. La acusación de la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández, candidata a presidente por el partido político Movimiento Semilla, por la compra sobrevalorada en 35 millones de quetzales del edificio de la zona 5, conocido como «Edificio Fantasma»
  3. La contratación ilegal de los servicios profesionales que brindaría José Carlos Marroquín por un millón de quetzales; realizada por la Ex Fiscal General, Thelma Aldana.
  4. EL caso conocido como «BANTRAB», en el que el señor Eduardo Liu, confesó haber otorgado un millón de dolares a la entonces Fiscal General, Thelma Aldana.
  5. La investigación del presunto involucramiento de las señora Sandra Torres Casanova, candidata a presidente por el partido político UNE, en el caso conocido como «Transurbano»; debido a que se defraudó al Estado por 35 millones de dólares.
  6. La organización de la sociedad civil norteamericana, Judicial Watch, la cual promueve transparencia, rendición de cuentas e integridad en el gobierno de Estados Unidos redactó un documento en el que explica el funcionamiento de una red de corrupción. El escrito involucra algunas de las personas antes mencionadas, desde el gobierno de la UNE hasta nuestros días.

Por lo tanto señora Fiscal General, es importante que los procesos de investigación mencionados anteriormente sean judicializados debido a la coyuntura electoral en la que nos encontramos.

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

Guatemala Inmortal lamenta el sensible fallecimiento de José Estuardo Valdés Paiz

Quien fuera víctima de los abusos en el sistema de justicia del Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad –CICIG-.

Guatemala Inmortal a la Dra. María Consuelo Porras Argueta, hace saber:

Desde el año 2015 es de conocimiento de los guatemaltecos que se presentaron varios hecho de alto impacto investigados por CICIG y el Ministerio Público. En repetidas ocasiones las pruebas fueron contaminadas y se introdujeron testigos falsos. Consecuentemente, es necesaria una revisión minuciosa por parte de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para poder tener éxito en la acusación de los casos investigados con interioridad.

Además, es importante operativizar en lo siguiente:

  1. El caso «Odebrecht», en donde el sindicado es el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; quien sin representación del Estado condonó el cumplimiento de una fianza en favor de Guatemala de 300 millones de dólares.
  2. La acusación de la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández, candidata a presidente por el partido político Movimiento Semilla, por la compra sobrevalorada en 35 millones de quetzales del edificio de la zona 5, conocido como «Edificio Fantasma»
  3. La contratación ilegal de los servicios profesionales que brindaría José Carlos Marroquín por un millón de quetzales; realizada por la Ex Fiscal General, Thelma Aldana.
  4. El caso conocido como «BANTRAB», en el que el señor Eduardo Liu, confesó haber otorgado un millón de dólares a la entonces Fiscal General, Thelma Aldana.
  5. La investigación del presupuesto involucramiento de la señora Sandra Torres Casanova, candidata a presidente por el partido político UNE, en el caso conocido como «Transurbano»; debido a que se defraudó al Estado por 35 millones de dólares.

La organización de la sociedad civil norteamericana, Judicial Watch, la cual promueve transparencia, rendición de cuentas e integridad en el gobierno de Estados Unidos redactó un documento en el que explica el funcionamiento de una red de corrupción. El escrito involucra algunas de las personas antes mencionadas, desde el gobierno de la UNE hasta nuestros días.

Por lo tanto señora Fiscal General, es importante que los procesos de investigación mencionados anteriormente sean judicializados debido a la coyuntura electoral en la que nos encontramos.

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

Denuncia en contra del ex investigador de CICIG, Rogelio Ramírez Cartín

Guatemala Inmortal presentó denuncia en contra del ex investigador de CICIG, Rogelio Ramírez Cartín y de la colaboradora eficaz Alejandra Sarahí Reyes Ochoa, por la comisión de los delitos de tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. Esto derivado de la ilegal e inmoral relación sentimental que sostienen. Se solicitó a la Fiscal General una pronta investigación, así como la inmediata extradición de los dos sindicados.

Hoy ganó la institucionalidad en Guatemala

El juicio contra el Presidente era de carácter político y solo tenía por objetivo provocar un golpe de estado.

Los que quieran ocupar la presidencia y solo pueden hacerlo con trampas, dirán que hoy se fortaleció la corrupción, pero ellos tienen serios señalamientos y están protegidos por la CICIG y el MP, sus argumentos no se sostienen.

No se deje engañar, aprenda a leer entre líneas.

Convocatoria a manifestación

¡Si a la Institucionalidad!

Gracias Guatemala por su apoyo en la lucha por la preservar la institucionalidad, la defensa de la soberanía y la vida, libertad y propiedad privada de los guatemaltecos! #TenemosPresidente #FueraIvan

Defendemos la constitucionalidad del país a toda costa

Particularmente en la figura del Presidente de la República, Jimmy Morales.

Condenamos con firmeza todo rumor, manifestación o acción dirigida a debilitar o romper el oren constitucional de la República de Guatemala.

Celebramos toda decisión que fortalezca el Estado de Derecho, el debido proceso, la justicia equitativa y el combate a la corrupción de entidades nacionales o internacionales en el país.

Apoyamos la remoción del actual Comisionado de la CICIG. Desde su intento por reformar la Constitución de la República, hasta su intromisión en la educación de nuestros niños, Velásquez no ha sabido respetar el lugar que su mandato establece. Ha demostrado, ademas, promover la parcialidad ideológica, la aplicación de una justicia selectiva y la ausencia del debido proceso.

La justicia no se aplica con injusticia. La corrupcion no se combate con mas corrupcion. Y asi como heos diferido, hoy aplaudimos la gestion del Presidente de la Republica de Guatemala en Nueva York.

¡Ay de aquél que con ciega locura, sus colores pretenda manchar!

Exigimos que los tres poderes del gobierno enfoquen sus acciones hacia la seguridad de la ciudadanía guatemalteca.

El fatídico ataque armado perpetuado en el Hospital Roosevelt rebasa los límites de cualquier sociedad civilizada.

Exigimos investigar al juez que dio orden de traslado POR UNA MUESTRA DE SANGRE; y que la CICIG investigue a las maras como cuerpos organizados ilegales, vinculados a la corrupción en presidios.

Apoyaremos toda acción contundente contra la criminalidad: desde el uso de fuerzas combinadas, hasta el recurso constitucional de la pena máxima.

Apoyaremos también a las autoridades que cumplan con su deber: desde el Presidente de la República, hasta cada uno de los policías que actúen con valor y responsabilidad.

Esperamos, además, que los derechos humanos no sean utilizados como herramienta para proteger delincuentes.