Poder absoluto perversión total (Caso Oderbrecht en Guatemala)

La empresa Oderbrecht celebró contrato con el Estado de Guatemala para construir unos tramos carreteros en el país. Con ocasión del contrato, algunos funcionarios de turno recibieron sobornos. La Fiscalía contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) negoció en la República Federativa de Brasil un «acuerdo de reparación» en el cual la constructora se comprometió i) a reparar el daño, ii) liberar el contrato y iii) devolver el material no utilizado.

La pregunta que se hace los ciudadanos del país es: ¿si el Fiscal de la FECI estaba legitimado y facultado para otorgar, en nombre del Estado de Guatemala, un «acuerdo de reparación»?

La respuesta es NO. La razón es porque la ley NO lo permite.

Resumen Ejecutivo

La actuación del fiscal de la FECI en la negociación con la empresa constructora Oderbrecht, en la República Federativa de Brasil, es abiertamente ilegal y delictual pues se apropió de la personería del Estado de Guatemala la cual no le correspondía, otorgó pactos y convenciones que además de no competirle están reservado a los funcionarios judiciales del país, y con su concurso dejó al país en una posición de total precariedad legal para ejecutar sis legítimos derechos.

Informe

La Constitución Política de la República (arto. 252) establece que el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Por su parte, el Código Penal (arto. 112) indica que toda persona responsable penalmente por un delito lo es también civilmente, la cual comprende (arto. 119) la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios. El método de cómo «liquidar el daño civil» lo regula el Código Procesal Penal (arto. 124) el cual indica que en relación al derecho a la reparación digna:

  1. La acción de reparación puede ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria;
  2. El juez que dicte la sentencia de condena en la sentencia convocará a todos los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación que se llevará a cabo dentro del tercer día;
  3. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y en su caso los daños y perjuicios;
  4. Con la decisión de reparación y la de responsabilidad penal se integra la sentencia escrita.

Los «acuerdos de colaboración» (no acuerdos de reparación) que acepta la legislación del país (Decreto 21-2006) son para la investigación y persecución de los miembros de un grupo delictivo organizado, los cuales se otorgan siempre con autorización judicial.

El «acuerdo de reparación» otorgado por el Fiscal de la FECI del MP, que se juzga, tiene matices incomprensibles:

  1. El Fiscal de la FECI estableció de forma «contractual» con Oderbrecht que el monto de los osbornos había sido de US$17,900,900.00;
  2. El Fiscal de la FECI, de forma «contractual» con Oderbrecht convino un mecanismo para que el Estado de Guatemala pudiera licitar y concluir las obras a cambio de no iniciar acciones legales por el cobro de daños y perjuicios; o sea, renunció a la acción civil derivada del delito;
  3. El Fiscal de la FECI, de forma «contractual» con Oderbrecht definieron que el material no utilizado en la obra ascendía a US$18,095,571.50

La justificación de tan peculiar proceder de esa fiscalía del MP es que con sus actuaciones se recuperó el monto del delito cometido, el cual es distinto al monto del contrato que es la reparación civil que le compete al PGN.

La actuación del Fiscal de la FECI del Ministerio Público con la Constructora Oderbrecht de la República Federativa de Brasil es abrumadoramente ilegal y delictual.

El Fiscal de la FECI no goza de la personería del Estado de Guatemala la cual, por disposición constitucional, le corresponde al Procurador General de la Nación y al haber usurpado tal calidad incurrió en una conducta criminal.

La reparación digna de los aspectos civiles de una conducta criminal los define y determina el Juzgado de la causa después de dictar sentencia, nunca antes.

La definición del monto de un soborno es una facultad estrictamente jurisdiccional, valoración que el juzgador determina a la luz de los elementos probatorios vertidos en el proceso. Es una aberración jurídica pensar que entre un fiscal y el sindicado puedan contractualmente definir uno de los elementos del delito de soborno, cual es su monto.

Es jurídicamente inconsistente invocar que la actuación de la FECI se constriño al aspecto delictual de la operación y no al contrato, cuya responsabilidad compete a la PGN, pues una de las estipulaciones contractuales otorgadas por esa fiscalía fue una renuncia expresa a los daños y perjuicios derivados del contrato.

Es legalmente inadminisble que un fiscal del Ministerio Público en nombre del Estado de Guatemala, por si mismo, pueda otorgar de forma contractual con un contratante sindicado por la justicia del país (Oderbrecht) que «el monto del material no utilizado» en el contrato asciende a US$18,095,571.50. Ello compete con exclusividad al titular del contrato administrativo de parte del Estado de Guatemala, a nadie más.

Thelma Aldana ha dado declaraciones irrespetuosas sobre la independencia jurídica y la autonomía del Ministerio Público

Guatemala Inmortal ante las declaraciones de Thelma Esperanza Aldana Hernández hace saber:

Que la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández está sindicada por la comisión de graves hechos delictivos de corrupción durante su desempeño como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Debido a ello, un órgano jurisdiccional giró una orden de captura.

Por disposición constitucional, el Ministerio Público es una institución auxiliar de los tribunales de justicia, a quien le corresponde la investigación penal. Como parte de sus funciones y atribuciones fundamenta sus peticiones en base a los medios de investigación recabados mediante estándares internacionales, los que con posterioridad presenta ante los jueces para su respectivo análisis.

Compete al Organismo Judicial, en especial a los jueces de Primera instancia Penal, valorar todos los medios de investigación recabados por el Ministerio Público, así como resolver de acuerdo a principios constitucionales y legales las peticiones que los sujetos procesales les formulen, garantizando así los derechos constitucionales de los acusados.

Thelma Aldana ha emitido declaraciones falsas y carentes de validez legal en referencia al «caso de marras». En cuanto a que ha manifestado a que el Ministerio Público y el Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, han iniciado una persecución política o legal en su contra.

Se le recuerda a la ex Fiscal General y jefe del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández, que los juicios se litigan exclusivamente en los tribunales, lugar donde los sujetos procesales deben hacer valer sus pretensiones. Si ella se considera inocente o libre de toda culpa debe comparecer ante el juez contralor designado a efecto de solventar su situación jurídica de conformidad con la ley. De la misma forma, se le insta a que si tiene pruebas de la comisión de algún hecho delictivo, las presente ante las instancias correspondientes.

Se apoya la institucionalidad, se exige respeto a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Público, en especial al juez de la causa, licenciado Victor Cruz, así como a la Fiscal General y demás agentes fiscales, quienes cumpliendo con su trabajo actúan conforme a derecho.

«Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

Guatemala Inmortal a la Dra. María Consuelo Porras Argueta, hace saber:

Desde el año 2015 es de conocimiento de los guatemaltecos que se presentaron varios hecho de alto impacto investigados por CICIG y el Ministerio Público. En repetidas ocasiones las pruebas fueron contaminadas y se introdujeron testigos falsos. Consecuentemente, es necesaria una revisión minuciosa por parte de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para poder tener éxito en la acusación de los casos investigados con interioridad.

Además, es importante operativizar en lo siguiente:

  1. El caso «Odebrecht», en donde el sindicado es el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; quien sin representación del Estado condonó el cumplimiento de una fianza en favor de Guatemala de 300 millones de dólares.
  2. La acusación de la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández, candidata a presidente por el partido político Movimiento Semilla, por la compra sobrevalorada en 35 millones de quetzales del edificio de la zona 5, conocido como «Edificio Fantasma»
  3. La contratación ilegal de los servicios profesionales que brindaría José Carlos Marroquín por un millón de quetzales; realizada por la Ex Fiscal General, Thelma Aldana.
  4. El caso conocido como «BANTRAB», en el que el señor Eduardo Liu, confesó haber otorgado un millón de dólares a la entonces Fiscal General, Thelma Aldana.
  5. La investigación del presupuesto involucramiento de la señora Sandra Torres Casanova, candidata a presidente por el partido político UNE, en el caso conocido como «Transurbano»; debido a que se defraudó al Estado por 35 millones de dólares.

La organización de la sociedad civil norteamericana, Judicial Watch, la cual promueve transparencia, rendición de cuentas e integridad en el gobierno de Estados Unidos redactó un documento en el que explica el funcionamiento de una red de corrupción. El escrito involucra algunas de las personas antes mencionadas, desde el gobierno de la UNE hasta nuestros días.

Por lo tanto señora Fiscal General, es importante que los procesos de investigación mencionados anteriormente sean judicializados debido a la coyuntura electoral en la que nos encontramos.

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

Guatemala Inmortal, presentó una petición constitucional a la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, solicitando reformar el acuerdo 80-2017

A efecto de urgentemente se revoquen las prebendas de seguridad, vehículos y gasolina, que de forma ilegal y desproporcionada se auto recetó la prófuga de la Justicia Thelma Esperanza Aldana Hernández, de por vida. La Fiscal General debe garantizar que los recursos del Ministerio Público se utilicen para el cumplimiento de sus fines y no para custodiar a personas señaladas de corrupción o para realizar actividades políticas. Quedamos en espera de la respuesta.

Conferencia de Prensa por orden de captura a Thelma Aldana

Guatemala Inmortal invita a una conferencia de prensa.

Tema: «Orden de Captura a Thelma Aldana por denuncia presentada por Guatemala Inmortal»

Denuncia en contra de Thelma Aldana Hernández

Guatemala Inmortal presentó ante el MP, denuncia en contra de Thelma Aldana Hernández

Por los delitos de fraude, peculado por sustracción, cohecho y tráfico de influencias; por la contratación ilícita del ex decano de la facultad de derecho de la Usac, Gustavo Bonilla. Debido a ello se solicitó la primera declaración de los sindicados ante juez competente.

Así empezarán a fluir una a una las denuncias de corrupción que pesan en su contra.