¡Reformas No!

Guatemala Inmortal no acepta que se promueva una reforma constitucional al sistema de justicia, diseñada por la izquierda internacional y apoyada por los mercenarios de Guatemala. Por esta razón,

Expone:

I.          En junio de 2018, el diario oficial de Cuba, Granma, dio a conocer que “a propuesta del Partido Comunista de Cuba, los partidos de izquierda que integran el Foro de Sao Paulo, discutirán y posiblemente avalarán, el arreciar la lucha por impulsar las reformas radicales a la Constitución de la República en cada uno de los países miembros. Como antecedente, desde 1999 Venezuela ha hecho tres reformas constitucionales: Hugo Chávez (1999 y 2007) y la otra, Nicolás Maduro (2017). Otros países del Foro de Sao Paulo con reformas constitucionales: Argentina, 1994; Bolivia, 2006 y otra donde ganó el NO en el referéndum, en 2016; Ecuador, 2008; Nicaragua, 2014; El Salvador, 1991-92; Brasil, 2003 (reforma tributaria y previsional). Estas reformas se han realizado en países gobernados por partidos miembros de esa coalición coordinada por el Partido Comunista de Cuba.

II. Los gobernantes miembros del Foro de Sao Paulo que han realizado reformas constitucionales en sus países, consideran la Constitución Política como un instrumento a su servicio. Por ello, no han vacilado en modificarla cuantas veces necesiten para lograr sus fines. Las reformas de Hugo Chávez, Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega han tenido como principal finalidad facilitar la reelección y si es posible, indefinida.

III. ¿Qué pretenden esas reformas? Ante todo, motivar cambios profundos en los estados para llevarlos hacia el “socialismo del siglo XXI”. Términos como “pueblos indígenas, equidad de género, diversidad sexual, “refundación”, buen vivir y medio ambiente”, así como “derechos de tercera y cuarta generación”, son introducidos en los textos constitucionales, por supuesto con el aval de la Organización de Naciones Unidas, el multimillonario George Soros, así como instituciones y los llamados “países donantes o G13”, que avalaron el fallido experimento de la CICIG en Guatemala.   

IV.       En países con gobernantes que no son miembros de esa coalición coordinada por el Partido Comunista de Cuba, también se trata de imponer el cambio constitucional. En Colombia, las reformas a la justicia fueron promovidas por la narco guerrilla y coordinadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En Chile se produjeron violentas protestas y hechos vandálicos durante dos meses. Se dio a conocer que entre los manifestantes había cubanos y venezolanos dirigiendo las protestas, que tuvieron como resultado que Sebastián Piñera habilitara un plebiscito que se realizará el 26 de abril. En esta consulta, se decidirá si se redacta una nueva Carta Magna.

V. En Guatemala, los intentos para cambiar la Constitución están acompañados por acciones de law fare o guerra jurídica importadas de la JEP, cuya directora administrativa era Marta Lucía Zamora, amiga muy especial de Iván Velásquez. Zamora dirigió una oficina de la CICIG en Quetzaltenango y tuvo que volver a Colombia para enfrentar la justicia por proteger a la narco guerrilla. Como comisionado de la CICIG Iván Velásquez, jefe y amigo de Zamora, promovió reformas constitucionales que contenían varios cambios al sistema de justicia en 2016, propuestos por “mesas de diálogo”. Los diputados ponentes fueron Mario Taracena y Orlando Blanco. La Procuraduría de Derechos Humanos contrató a Alejandro Balsells Conde, abogado fundador del colectivo Semilla (ahora partido), como consultor para esta reforma, aprobada como iniciativa 5179 en tercer debate a finales de 2016. Está pendiente la aprobación por artículos y redacción final.

VI. Los aliados nacionales de la CICIG y Velásquez han trabajado durante décadas para capturar el sistema de justicia. Helen Mack, desde la Fundación Myrna Mack, ha coordinado una red de ONG´s y organizaciones sociales que han tenido injerencia en procesos judiciales, en la elección de magistrados, donde actúan como un grupo fiscalizador y en otras instancias. Con el transcurso del tiempo han logrado capturar a gran parte del sector justicia y cuentan con importantes aliados entre los jueces y magistrados. Por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad (CC), Mack cuenta con la incondicionalidad de Francisco de Mata, Bonerge Mejía, Gloria Porras, Neftalí Aldana y sus suplentes.

VII.      Hoy, la CC gobierna de facto y tiene injerencia en todos los poderes del Estado. Sus dos últimos fallos, que responden a las exigencias de la Fundación Myrna Mack y sus aliados, lograron detener la elección de magistrados y revocaron la sanción presidencial a la reforma de la Ley de ONG´s, que establece mecanismos de control financiero y auditorías que terminaría con el flujo de capitales de Soros, financista de izquierda para desestabilizar a los países con movimientos que promueven la destrucción de la familia, el aborto, el odio entre géneros y la creación de géneros que no existen científicamente. Guatemala es un país donde predominan la moral y la fe. Sin embargo, en organismos estatales se está imponiendo la tendencia de imponer estas ideologías. Y esto lo logran, entre otras, controlando el sistema de justicia. Por ello, Guatemala Inmortal se opone rotundamente a que la discusión de la iniciativa 5179 sea retomada por el Congreso. Pedimos a los diputados republicanos de derecha que no permitan aprobar ese adefesio legal que terminaría de hundir un sistema judicial ya contaminado por Mack y sus aliados.

¡Basta de lawfare en Guatemala!

¡No aceptaremos la injerencia de Soros y el socialismo internacional en nuestro país!

¡No aceptaremos reformas constitucionales!

Los bloques de diputados izquierdistas, que entre todos suman veinte votos, pretenden lograr la reforma constitucional que proyectaban la CICIG y grupos de izquierda, quienes tratan de replicar modelos de reforma constitucional definidos por el Foro de Sao Paulo. Aunque son minoría, tienen poder porque han penetrado en el sistema de justicia otras instancias vitales para la democracia, como el TSE. Por ello, Guatemala Inmortal

Expresa:

  1. En 2017 fracasó un proceso de reformas constitucionales que además de absurdos ilegales y de redacción, estaba lleno de amenazas contra el orden democrático republicano del país. De todos es conocido que este proceso se realizó con el aval de la PDH, que contrató un consultor para redactar ese texto, pero peor aún, con la intervención descarada del entonces embajador estadounidense, Todd Robinson, la exfiscal ahora prófuga Thelma Aldana y el ex comisionado de la CICIG Iván Velásquez, quienes no tuvieron reparo en expresar sus exigencias para la citada reforma.
  2. Los guatemaltecos debemos tener presente que Venezuela, Ecuador, argentina y Nicaragua, realización reformas constitucionales «contra viento y marea». Estas lograron instalar regímenes cuasi totalitarios que violan los derechos ciudadanos y han empobrecido a sus países. El caso de Chile es ilustrativo sobre los excesos de la izquierda para imponer sus planes, cuando les fallan los argumentos y los mecanismo legales.
  3. Las actuales autoridades guatemaltecas fueron electas legalmente, aunque la legitimidad es dudosa, especialmente en el caso del Congreso, porque la primera elección tuvo demasiadas irregularidades comprobadas, que fueron precedidas por un espurio convenio entre el TSE y la CICIG.
  4. Las elecciones de magistrados (CSJ y Salas de apelaciones), han sido un proceso viciado desde el inicio. Son secretos a voces los mecanismos para la elección y la injerencia de poderosos aliados que impulsan a sus candidatos, como fue el caso de Thelma Aldana, electa por influencias oscuras. Sin embargo, «es lo que hay» y mientras se establecen procesos y mecanismo legítimos, constitucionales y apegados a Derecho para depurar o eliminar ese sistema (lo que implicaría una reforma constitucional en ese aspecto), es necesario que el proceso concluya. Es un hecho que esta elección ha sido reiteradamente boicoteada por grupos que se autodenominan «defensores de DDHH» y ONG’s afines a los demócratas estadounidenses y al ex comisionado.
  5. El proceso de elección está por concluir, luego de demasiadas intromisiones d la «sociedad civil» que incluso lograron a través de amparos de la CC sostener una CSJ de facto, fuera del orden constitucional, y no seria raro que, pese a la minoría en el Congreso, logren introducir sus exigencias con amparos que siempre les otorgan en plazos muy breves. Es momento de que el proceso termine y a partir de ahí, la ciudadanía y especialmente los juristas, se reúnan para proponer otro modelo, considerando que el actual es obsoleto y disfuncional. Pero todo tiene su momento y este no es el adecuado para iniciar ese cambio.
  6. Cabe preguntarse cuál es el interés detrás del boicot a la elección de magistrados. Una respuesta se encuentra en el pronunciamiento de los 20 diputados que llaman a los bloques legislativos a reunirse para «iniciar de forma inmediata un proceso de discusión y aprobación de las reformas legales, institucionales y constitucionales que sean necesarias». Este sería, entonces, el pretexto para iniciar algo en lo que fracasaron anteriormente. Cabe recordar que, si bien es un grupo minoritario en el Congreso, también es cierto que entre ellos está Semilla, gran promotor de las reformas, así como URNG, y Winaq, ambos del Foro de Sao Paolo.
  7. Llamamos a la cordura de los ciudadanos para no avalar este despropósito que entrampa el proceso y mantiene a una CSJ de facto. Solicitamos al presidente Slejandro Giammattei que no caiga en el juego de grupos interesados, adscritos al Foro de Sao Paulo y que reciben órdenes de sus financistas. Presidente, acceder a un proceso de reformas será como levantar la horca para nuestra incipiente democracia.

¡No aceptaremos una reforma constitucional que deriva de un proyecto internacional para implantar el socialismo en América Latina!

¡Alertamos a la ciudadanía para que no se deje manipular y o se sume a ningún acto violento de protesta!