Guatemala está en un momento muy delicado, donde las restricciones dictadas por el Estado pretenden frenar el avance de la pandemia COVID-19. Sin embargo, como ciudadanos libres no podemos permitir que, al amparo de las medidas de emergencia se adopten acciones que restringen libertades fundamentales como la de expresión, que es puntal de todo régimen democrático.
La situación económica comienza a tornarse grave para Guatemala. No estamos ante una recesión, sino en medio de una crisis motivada por el encierro obligatorio de toda la población. Urge reactivar la economía y permitir el retorno a la actividad productiva de forma responsable. De lo contrario, nos amenaza un grave escenario que incluye desempleo y miseria, violencia y nuevas epidemias producto de la pobreza generalizada.
Esta situación genera que el ampliación presupuestaria está desfinanciada y sin fuente de financiamiento clara y concreta.
Guatemala Inmortal no acepta que se promueva una reforma constitucional al sistema de justicia, diseñada por la izquierda internacional y apoyada por los mercenarios de Guatemala.
Guatemala Inmortal expresa su preocupación por el comunicado del Gobierno en el que se acata la resolución ilegal de la Corte de Constitucionalidad (CC), aún sin estar de acuerdo.
La Corte de Constitucionalidad era una de las cortes de jurisdicción constitucional más respetadas de América Latina. Sus actuales magistrados, titulares y suplentes, con excepción de la Dra Josefina Ochoa, la convirtieron en un reducto político, el cual a través de falsas legalidades, buscaron ejecutar como vulgares meretrices las políticas socialistas del Foro de Sao Paulo. Fallaron y siguen fallando.
Los magistrados del #FraudeElectoral 2019, los mismos que suspenden a trabajadores por "verlos a los ojos", se auto indemnizan la millonaria suma de casi Q43 millones
No hay validez si usted tiene casos en el ramo civil, penal, laboral y constitucional ya que los magistrados están en prolongación de funciones, rompiendo el Estado de Derecho.
El amparo provisional dictado en el caso de las modificaciones a la Ley de ONGs es claramente ilegal, y en contra de su propia jurisprudencia.
Los magistrados de la CC, de nuevo, vuelven a incurrir en ilegalidad y extralimitarse en sus funciones en su afán de defender grupos criminales
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