Antecedentes

La comision, creada por Acuero Gubernativo 28-2020, tiene por objeto:

  • Apoyar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo;
  • estableciendo los mecanismos que
    1. busquen evitar que los casos de corrupción detectados no se repitan y
    2. obtengan la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones del Estado,
  • mediante el planteamiento de las acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados.

La Comisión se integra por el Presidente de la República, los ministros de Gobernación y Finanzas Públicas, la PGN, el Secretario General de la Presidencia, el Secretario de Planificación y Programación, el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno y el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

La Comisión la dirige un Director Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República.

La Comisión, a través de su Director Ejecutivo, podrá invitar a funcionarios de Organismo Ejecutivo y de otras instituciones del Estado, organismo internacionales, sociedad civil y otras personas individuales o jurídicas a participar en sus reuniones con fines de opinión y retroalimentación.

El Director Ejecutivo de la Comisión podrá recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza, de organismos nacionales o internacionales siempre que no sean organismos o instituciones investigados por corrupción.

Análisis

La política ejecutiva que se desprende del acuerdo implica un abierto compromiso del Organismo Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. Dada la naturaleza jurídica del acuerdo, la función de la Comisión se limita a la «coordinación» de la política pública de constitucionales del Organismo Ejecutivo.

La Comisión creada tiene de valioso que es la primera vez que funcionarios del Organismo Ejecutivo y otras instituciones del Estado, organismo internacionales, sociedad civil y otras personas individuales o jurídicas podrán ser escuchadas con fines de opinión y retroalimentación, en temas de prevención y lucha contra la corrupción.

Es valioso que se haya legitimado a terceros que no sean funcionario públicos a poder opinar sobre la corrupción. Es inadecuado que esa facultad de opinar haya quedado librada a la discrecionalidad del Director Ejecutivo. Opinan exclusivamente aquellos a quienes el Director Ejecutivo invite, otros no.

Es alarmante que sea el Director Ejecutivo de la Comisión a quien le competa el decir si recibe o no aportes y donaciones y de quienes. Los donantes para todo propósito real se circunscriben a organismo internacionales. Una facultad tan importante debió haber quedado conferida a la Comisión y no al Director Ejecutivo, pues se corre el riesgo que un Director Ejecutivo alineado con una organización internacional (Soros, ONU, American Watch, etc.) vuelva la Comisión en su feudo, a cambio de un estipendio económico. La experiencia de CICIG a este respecto es valiosa pues nos permite reflexionar lo pernicioso que es conferir los poderes públicos, de investigación y litigación penal, a una entidad internacional, quien por elección pública habrá de ejecutar siempre la agenda que a dicha entidad más convenga, la cual no necesariamente coincidirá con el bien común de los guatemaltecos.

La facultad conferida a la Comisión al respecto de plantear las acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados es claramente inconstitucional pues dicha potestad reside, de acuerdo con la Constitución Política, en el Ministerio Público y, según sea el caso, en la PGN.

Con el nuevo método hermenéutico utilizado en la actualidad por la CC_el momento político define el concepto jurídico difícil es visualizar si ya está o no negociado que sea el Presidente quien plantee las acciones legales contra los corruptos (¡!).

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