I. ANTECEDENTES:

Escazú es un cantón de San José de Costa Rica donde se firmó un tratado multilateral sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El tratado fue adoptado el 4 de marzo de 2018 y se abrió a firma en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de septiembre de 2018.

El tratado se denomina «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe», en adelante denominado como el «Acuerdo de Escazú».

El tratado para que entre en vigor debe ser aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, pues de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), le corresponde al Congreso aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando afecten a leyes vigentes para las que la CPRG requiera de la misma, mayoría de voto (171).

El estudio persigue determinar si el «Acuerdo de Escazú» puede ser incorporado al sistema legislativo del país para lo cual es imperativo que el mismo no contenga estipulaciones que violen o contradigan la CPRG.

II. CONSIDERACIONES GENERALES:

El «Acuerdo de Escazú» no puede ser válidamente incorporado al sistema legislativo del país pues el mismo contempla disposiciones que riñen, de forma directa y frontal, con disposiciones de la CPRG. Tampoco puede ser incorporado con reservas, pues el artículo 23 del tratado no permiten que se formulen reservas en relación con la aprobación del mismo. Además, presenta yerros estructurales legales que, como convenio internacional, lo hacen inoperable.

III. CONSIDERACIONES ESPECIALES:

El presente estudio, por razones de metodología, se presenta siguiendo el orden establecido en el articulado del tratado.

3.1 El «Acuerdo de Escazú» tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe:

i) de los derechos de acceso a la información ambiental,

ii) de la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y

iii) de acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Aún cuando la doctrina moderna en materia de tratados o convenios internacionales otorga supremacía a la voluntad contractual de los Estados Partes, es indudable que un objetivo como el contemplado en el «Acuerdo de Escazú» rebasa de forma plena el respeto por la soberanía y los asuntos internos de los Estados Partes.

El acceso a la información de todo tipo, sea éste ambiental, sanitario, militar, financiero, etc., al igual que la participación pública en la toma de decisiones en asuntos ambientales como el acceso a la justicia ambiental constituyen, asuntos internos que corresponde regular, de forma privativa, a los órganos legislativos de los países.

Es indudable que organizaciones multilaterales tales como CEPAL, ONU, etc., más por razones «políticas» que institucionales, buscan propiciar estos marasmos contractuales internacionales para despojar a los países de su gobernabilidad local, cediendo a órganos, de forma supuesta «técnicos«, pero que en realidad constituyen un dique de burocracia

ineficiente y corrupta que en nada contribuye al desarrollo de los países involucrados.

3.2 El artículo 2.e) define quienes son de acuerdo al tratado las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Estos son definidos como:

«…aquellas personas o grupos que encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos en el presente Acuerdo».

El «Acuerdo de Escazú» le confiere a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad legitimación activa para el ejercicio de acciones de las contempladas en el acuerdo.

Sin embargo, una definición clara y suficiente al respecto de cómo se constituyen estos grupos colectivos no existen en el Acuerdo.

Según la vaga definición del tratado, «personas o grupos en situación de vulnerabilidad» pueden ser, de forma legal, tanto un club de meretrices, la Fundación Myrna Mack así como las tribus de lacandones, que como comunidades indígenas pertenecientes al pueblo maya habitaban en Petén y Chiapas.

Constituye una irresponsabilidad mayúscula de los responsables de la estructuración del Acuerdo el haber creado un grupo con legitimación activa para ejercitar derechos difusos, sin haber encuadrado de forma clara y plena las características o condiciones requeridas para pertenecer a esos grupos colectivos.

3.3 El artículo 3 del «Acuerdo de Escazú» establece 11 principios que cada Estado Partes deben seguir en la implementación del Acuerdo. Sin embargo, el texto del tratado adolece de la «definición» de los referidos principios.

La contratación internacional eficiente persigue que los Estados Partes de un convenio internacional puedan extraer del mismo, sin lugar a dudas, los derechos y obligaciones que les corresponden. Ello se consigue cuando el texto del acuerdo es claro y prístino y no cuando el mismo queda sujeto a interpretaciones de ocasión. Por ejemplo, ¿Cuándo se procede de acuerdo a un principio de buena fé? Ello es algo muy relativo, sino existen pautas claras de referencia. ¿Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU, actuó de buena fé en relación a la República de Guatemala con relación al convenio de CICIG?

Para algunos burócratas internacionales es probable que sí, pero para el común de los guatemaltecos es un burócrata internacional corrupto que lo que tiene de tripón lo tiene de sinvergüenza.

De esa suerte constituye un yerro estructural insuperable del «Acuerdo de Escazú», incluir principios para operativizar el arreglo, sin definir, a nivel de tratado, los mismos.

3.4 El artículo 4.1 del Acuerdo establece lo siguiente:

«Cada parte garantizará el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente Acuerdo» (subrayado nuestro).

Ni la CPRG, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Pacto de San José de Costa Rica, contemplan el derecho al medio ambiente como un derecho humano. Sin embargo, una lectura detenida del artículo 4.1 del Acuerdo permite concluir que la sintaxis de las palabras está concebido para concluir, de forma solapada, que el derecho al medio ambiente es un derecho humano.

Es obligación de cualquier parte contratante el garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano.

Ello quiere decir que las Partes Contratantes aceptan garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano el cual queda en un acto de comparación en una situación de igualdad (así como). Si ellos es así, es que es un derecho humano.

Lo anterior no importaría como postulado sino fuera porque al calificarse el derecho al medio ambiente como un derecho humano automáticamente se abre la jurisdicción y competencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Justicia, órganos que quedarían legitimados para intervenir en la gobernabilidad, y manejo de la información del país en materia ambiental.

Es de sobra conocido que el Sistema Interamericano ha probado ser un mecanismo ineficiente, corrupto y politizado ideológicamente, que no ha respondido a sus objetivos originales, además de ser en form extrema muy costoso. El trasladar el conocimiento de la

información ambiental del país y permitirle el impartir justicia en relación a los mecanismos relativos a la obtención de la misma, a un sistema de esas características, constituye un acto grave de irresponsabilidad legislativa.

3.5 El «Acuerdo de Escazú» contempla que el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental comprende el solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita (Art. 5.2a).

La liberalidad de un pacto como el relacionado es menester relacionarlo con el Artículo 30 de la CPRG vinculado a la publicidad de los actos administrativos.

Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantías de confidencia. (subrayado nuestro)

Del anterior precepto constitucional se desprende que es derecho constitucional de cualquier «interesado» el obtener los informes que obren en los registros públicos. Pero es también derecho constitucional del particular el calificar la información que le suministra al órgano público de estar sujeta a garantía de confidencia. Ello haría que «la información ambiental» que se encontrara en los registros públicos, si la misma estuviera sujeta a garantía de confidencia por pedido del particular, no podría proporcionarse legalmente a los terceros interesados que la soliciten, aún cuando el «Acuerdo de Escazú» así lo ordenara por ser dicho postulado inconstitucional.

El sistema legislativo del país, en materia de obtención de información pública, es técnico y eficiente. No debe imponer la coexistencia de un régimen desordenado, irresponsable, y muy poco técnico como lo es el «Acuerdo de Escazú».

3.6. El artículo 5.4 del «Acuerdo de Escazú» propone que cada parte contratante garantizará que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban audiencias para formular sus peticiones y obtener respuesta.

La Sección Tercera (Comunidades Indígenas) de la CPRG en sus artículos 66 y 70 establecen:

Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.

Artículo 70. Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección. (subrayado nuestro).

El mandato constitucional al Congreso de la República es bien claro. Una ley debe regular todo lo relativo a materias indígenas. Sería del todo impropio que vía un «tratado» el Estado de Guatemala aceptara que la metodología de acceso a la información en materia ambiental de los pueblos indígenas se regulara de forma contractual en la comunidad internacional.

Cabe indicarse que el Congreso de la República incurriría en una «responsabilidad grave» si algo que por mandato constitucional debe ser materia de trato y regulación doméstico legal se aceptara llevar a negociaciones al plano internacional en Latinoamérica y el Caribe,

3.7 El «Acuerdo de Escazú», en su artículo 7.1 y 7.2. denominados Participación Pública en los Procesos de Toma de Decisiones Ambientales consigna i) que cada Parte debe asegurar el derecho de participación del «público« y para ello se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los «marcos normativos internos e internacionales» y ii) que cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.

La utilización de conceptos tales como «el público» es instrumentos legales internacionales es una grave irresponsabilidad, máxime cuando no se indica ninguna pauta de referencia. ¿A qué público se refiere? ¿Al del Real Madrid o el Barcelona FC?.

El «Acuerdo de Escazú» al hacer referencia al concepto de «público» incurre en la falacia de equivocación al hipotetizar un concepto; es decir, usar una palabra y cambiar su significado a través de un argumento. Ello implica tomar una palabra con su uso normal y darle un uso inválido, en otras palabras, el atribuir el carácter de realidad a una abstracción fantasiosa. Es indudable que resulta valioso, como argumento, que el público pudiera expresarse pero ello resulta imposible jurídicamente si a este concepto colectivo no se le precisan pautas de actuación vgr. el público que asiste el día tal a tales horas al estadio Mateo Flores Guamuch.

Por otra parte, el artículo 154 de la CPRG determina:

Artículo 154. Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (…) La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados en la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.

El «Acuerdo de Escazú» persigue que en los procesos de toma de decisiones ambientales exista un derecho de participación del público de forma abierta e inclusiva. Además establece que los Estados Partes deban garantizar mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones relativos a proyectos, actividades u otros procesos de autorizaciones ambientales.

La simple comparación del texto de la CPRG con el «Acuerdo de Escazú» reporta una incompatibilidad plena. ¿Cómo podría considerarse que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del país «delegara» en el «público» la toma de decisiones en materia ambiental?

Sencillamente impensable y, jurídicamente imposible. El texto del Acuerdo a este respecto es irreconocible con la CPRG.

3.8 El «Acuerdo de Escazú» en el artículo 7.3 promueve la participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente.

El artículo 157 de la CPRG, en materia de potestad legislativa en el país indica:

Artículo 157. Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y listas nacional, para el periodo de cuatro años, pudiendo ser reelectos.

El sistema republicano, democrático y representativo del país determina que la potestad legislativa y reguladora de las actividades del país corresponde a los diputados del Congreso de la República electos en sufragio universal y secreto.

La aprobación del «Acuerdo de Escazú» importaría que, en materia ambiental, un sujero llamado «el público» tuviera legitimación en la participación y conformación del proceso regulatorio, lo cual riñe de forma abierta con el precepto constitucional. En Guatemala la potestad legislativa le corresponde a los diputados al Congreso de la República de forma exclusiva y el público puede en todo caso influir en los diputados como sus legítimos representantes, pero «el público» en cuanto tal no deviene legitimando per se y de forma separada e independiente.

3.9 Los artículos 8.1 y 8.3e) del «Acuerdo de Escazú», Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, preceptúa que cada parte debe garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso y que para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales cada Estado Parte debe contar con medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental al que se le aplicará la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba.

El artículo 203 de la CPRG en materia de justicia regula lo siguiente:

Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgado (…) La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás Tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia.

De los expuesto se deduce que «la justicia» y «la jurisdicción» de los tribunales en Guatemala es unívoca. Ello importa que tan justicia sea la que se imparte en los campos civiles como la que imparte en los juzgados penales o contencioso administrativo. Serán las leyes propias de la competencia los que asignen a cada uno de los procesos, en función de las materias que juzgan, las condiciones, requisitos y peculiaridades propias de esas instancias que deberán cumlir los particulares frente al órgano público.

En materia de derecho ambiental, los procesos son de naturaleza administrativa y se inician ante un órgano de gobierno (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales). Si el particular no se conforma con los criterios y decisiones del Ministerio puede llevar al estado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde particular y Estado resuelven sus diferencias en papel de partes, en igualdad de condiciones y de derechos y obligaciones. Ante ese Tribunal quedan supeditados en materia probatoria al principio que el que afirma está obligado a probar.

El «Acuerdo de Escazú» pretende que en materia de daño ambiental se invierta la carga de la prueba y que corresponda al Estado probar que no hubo daño ambiental cuando el particular o tercero interesado así se lo demande.

La referida propuesta es un total y absoluto contrasentido jurídico porque en materia procesal, por principio de igualdad y de probidad procesal, las partes ante el órgano jurisdiccional deben guardar y quedar en igualdad de condiciones para que se pueda rendir un fallo justo en derecho y equitativo en justicia.

3.10 El artículo 12 del «Acuerdo de Escazú», Centro de Intercambio de Información, consigna que las partes contarán con un centro de intercambio de información de carácter virtual y de acceso universal sobre los derechos de acceso. Ese Centro será operado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su calidad de Secretaria.

La CPRG establece que todos los actos de la administración serán públicos y que cualquier interesado tiene derecho a obtener, en cualquier tiempo las informaciones, copias o reproducciones que a su interés convenga, salvo que se traten de datos suministrados por particulares bajo garantías de confiencia.

El Centro de Intercambio de Información que propone el «Acuerdo de Escazú» es de compleja realización pues una organización como CEPAL, con la pésima reputación que posee, forzará a que los particulares, por su propia seguridad, se acostumbarían a cubrir todos sus datos e informes proporcionados al Estado con la garantía de confidencia.

3.11 El «Acuerdo de Escazú«, en su artículo 23, Reservas, determina que no se pueden formular reservas del Acuerdo.

El «Acuerdo de Escazú», al haber establecido la imposibilidad legal de formular reservas al Acuerdo, petrificó el marco jurídico internacional al respecto pues o se acepta en su integridad tal cual los redactores lo estipularon conveniente o se rechaza. Una fatal arrogancia que si algo tenía de valiosa la iniciativa con esta se acaba de tajo.

IV. CONCLUSIONES

El «Acuerdo de Escazú» NO debe ser aprobado por el Congreso de la República, pues el mismo contiene disposiciones que riñen de forma directa y expresa con postulados de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El acceso a la información pública de materia ambiental está regulado y garantizado en el país a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 que de forma técnica y ordenada regula el referido procedimiento. La aprobación del «Acuerdo de Escazú» dado lo incoherente, impreciso y desordenado que es su texto legal contribuiría a crear un caos legal innecesario.

La hipostatización de conceptos legales en instrumentos públicos internacionales vgr. el pueblo, el público, la opinión pública, etc., o sea, «el atribuir carácter de realidad a una abstracción fantasiosa», es la técnica predilecta de las organizaciones internacionales socialeras que creando imprecisiones legales se habilitan asimismo para aprovecharse de opciones discrecionales para la realización de sus agendas políticas particulares desde una posición de falsa legalidad pero de gran poder.

La precariedad jurídica del texto del «Acuerdo de Escazú», aunado a las aberraciones jurídicas que contiene debería ser razones suficientes para que el Congreso de la República desechará «in limine» el referido Acuerdo y no emplea tiempo de discusión en él, la urgencia de temas que la legislatura tiene pendientes en el país.

El «Acuerdo de Escazú» es una propuesta de tratado que no admite reservas de ningún tipo. Ello es indicativo que los creadores de tan singular propuesta jurídica conocían de antemano que muchas de sus disposiciones, entre otras de la incluir «conceptos jurídicos hipostatizados» al sistema interamericano, no resistiría un elemental análisis jurídico serio. En este caso, la formulación de reservas hubiera sido un terrible bochorno profesional para sus creadores, vergüenza la cual hubiera pervivido de forma oficial.

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