¡Dictadura judicial y el fin de la democracia en Guatemala!

Estas y otras aberraciones jurídicas han sido cometidas por 4 Magistrados que deben ser procesados por sus arbitrariedades en detrimento de la institucionalidad del país.

Arbitrariedades de la Corte de Constitucionalidad

  • Resolución ilegal en la cual anularon el nombramiento del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se obligó a que el Pleno conformado por doce magistrados, al estar incompleto, realizara una nueva votación para elegir a un nuevo Presidente de CSJ.
  • Resolución ilegal en la cual anularon el nombramiento de varios gobernadores al considerar que la sociedad civil no había sido tomada en cuenta. La Constitución Política de la República de Guatemala no obliga la participación de la sociedad civil en este procedimiento.
  • Resolución ilegal al dejar sin efecto la declaración de «Non grato» al Comisionado de CICIG, Iván Velásquerz Gómez, por el Presidente de la República, Jimmy Morales. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas faculta al jefe de Estado a realizarlo.
  • Resolución ilegal la cual anuló el Proceso de formación de ley, antes que la misma llegara al Poder Ejecutivo, tal como lo estipula la legislación guatemalteca.
  • Resolución ilegal, la cual obligó a corregir y suprimir el segundo párrafo de una carta diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual advertía al Comisionado de CICIG, Iván Velásquez Gómez, a no entrometerse en asuntos internos.
  • Retardo en emitir la resolución ilegal de suspender licencia de operación de la Mina San Rafael, al existir un precedente en la macrosentencia de OXEC.
  • Retardo injustificado en emitir resolución de la Mina El Tambor y La Puya; ya que las operaciones de estas minas llevan dos años suspendidas. El Estado de Guatemala ha sido demandado por dos mil millones de quetzales por la suspensión de los proyectos mineros ubicados en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
  • Retardo injustificado en emitir resolución que tiene pendiente por el nombramiento de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, a casi diez meses de su designación.
  • Admitir para su trámite Amparo en contra de la decisión soberana del Presidente de la República, Jimmy Morales, de no prorrogar el Acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU referente a CICIG.
  • A pesar de ser impugnable la decisión del Licenciado Conrado Arnulfo Reyes Sagastume a la Corte de Constitucionalidad por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para integrar el máximo tribunal, la Corte de Constitucionalidad, de forma arbitraria, ha impedido su integración incurriendo en un retardo injustificado.
  • Resolución ilegal para proteger el Embajador de Suecia, Anders Kompass, por carta diplomática enviada al reino de Suecia, al solicitar el cambio de embajador, interfiriendo así en política exterior.

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