¡Reformas No!

Guatemala Inmortal no acepta que se promueva una reforma constitucional al sistema de justicia, diseñada por la izquierda internacional y apoyada por los mercenarios de Guatemala. Por esta razón,

Expone:

I.          En junio de 2018, el diario oficial de Cuba, Granma, dio a conocer que “a propuesta del Partido Comunista de Cuba, los partidos de izquierda que integran el Foro de Sao Paulo, discutirán y posiblemente avalarán, el arreciar la lucha por impulsar las reformas radicales a la Constitución de la República en cada uno de los países miembros. Como antecedente, desde 1999 Venezuela ha hecho tres reformas constitucionales: Hugo Chávez (1999 y 2007) y la otra, Nicolás Maduro (2017). Otros países del Foro de Sao Paulo con reformas constitucionales: Argentina, 1994; Bolivia, 2006 y otra donde ganó el NO en el referéndum, en 2016; Ecuador, 2008; Nicaragua, 2014; El Salvador, 1991-92; Brasil, 2003 (reforma tributaria y previsional). Estas reformas se han realizado en países gobernados por partidos miembros de esa coalición coordinada por el Partido Comunista de Cuba.

II. Los gobernantes miembros del Foro de Sao Paulo que han realizado reformas constitucionales en sus países, consideran la Constitución Política como un instrumento a su servicio. Por ello, no han vacilado en modificarla cuantas veces necesiten para lograr sus fines. Las reformas de Hugo Chávez, Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega han tenido como principal finalidad facilitar la reelección y si es posible, indefinida.

III. ¿Qué pretenden esas reformas? Ante todo, motivar cambios profundos en los estados para llevarlos hacia el “socialismo del siglo XXI”. Términos como “pueblos indígenas, equidad de género, diversidad sexual, “refundación”, buen vivir y medio ambiente”, así como “derechos de tercera y cuarta generación”, son introducidos en los textos constitucionales, por supuesto con el aval de la Organización de Naciones Unidas, el multimillonario George Soros, así como instituciones y los llamados “países donantes o G13”, que avalaron el fallido experimento de la CICIG en Guatemala.   

IV.       En países con gobernantes que no son miembros de esa coalición coordinada por el Partido Comunista de Cuba, también se trata de imponer el cambio constitucional. En Colombia, las reformas a la justicia fueron promovidas por la narco guerrilla y coordinadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En Chile se produjeron violentas protestas y hechos vandálicos durante dos meses. Se dio a conocer que entre los manifestantes había cubanos y venezolanos dirigiendo las protestas, que tuvieron como resultado que Sebastián Piñera habilitara un plebiscito que se realizará el 26 de abril. En esta consulta, se decidirá si se redacta una nueva Carta Magna.

V. En Guatemala, los intentos para cambiar la Constitución están acompañados por acciones de law fare o guerra jurídica importadas de la JEP, cuya directora administrativa era Marta Lucía Zamora, amiga muy especial de Iván Velásquez. Zamora dirigió una oficina de la CICIG en Quetzaltenango y tuvo que volver a Colombia para enfrentar la justicia por proteger a la narco guerrilla. Como comisionado de la CICIG Iván Velásquez, jefe y amigo de Zamora, promovió reformas constitucionales que contenían varios cambios al sistema de justicia en 2016, propuestos por “mesas de diálogo”. Los diputados ponentes fueron Mario Taracena y Orlando Blanco. La Procuraduría de Derechos Humanos contrató a Alejandro Balsells Conde, abogado fundador del colectivo Semilla (ahora partido), como consultor para esta reforma, aprobada como iniciativa 5179 en tercer debate a finales de 2016. Está pendiente la aprobación por artículos y redacción final.

VI. Los aliados nacionales de la CICIG y Velásquez han trabajado durante décadas para capturar el sistema de justicia. Helen Mack, desde la Fundación Myrna Mack, ha coordinado una red de ONG´s y organizaciones sociales que han tenido injerencia en procesos judiciales, en la elección de magistrados, donde actúan como un grupo fiscalizador y en otras instancias. Con el transcurso del tiempo han logrado capturar a gran parte del sector justicia y cuentan con importantes aliados entre los jueces y magistrados. Por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad (CC), Mack cuenta con la incondicionalidad de Francisco de Mata, Bonerge Mejía, Gloria Porras, Neftalí Aldana y sus suplentes.

VII.      Hoy, la CC gobierna de facto y tiene injerencia en todos los poderes del Estado. Sus dos últimos fallos, que responden a las exigencias de la Fundación Myrna Mack y sus aliados, lograron detener la elección de magistrados y revocaron la sanción presidencial a la reforma de la Ley de ONG´s, que establece mecanismos de control financiero y auditorías que terminaría con el flujo de capitales de Soros, financista de izquierda para desestabilizar a los países con movimientos que promueven la destrucción de la familia, el aborto, el odio entre géneros y la creación de géneros que no existen científicamente. Guatemala es un país donde predominan la moral y la fe. Sin embargo, en organismos estatales se está imponiendo la tendencia de imponer estas ideologías. Y esto lo logran, entre otras, controlando el sistema de justicia. Por ello, Guatemala Inmortal se opone rotundamente a que la discusión de la iniciativa 5179 sea retomada por el Congreso. Pedimos a los diputados republicanos de derecha que no permitan aprobar ese adefesio legal que terminaría de hundir un sistema judicial ya contaminado por Mack y sus aliados.

¡Basta de lawfare en Guatemala!

¡No aceptaremos la injerencia de Soros y el socialismo internacional en nuestro país!

Lo que tenía que pasar pasó

La Corte de Constitucionalidad, de forma ilegal y con claro abuso de poder:

  1. Interfirió ilegalmente en el Organismo Judicial al impedir la designación y elección de la Presidenta electa en el año 2018;
  2. Anuló ilegalmente el nombramiento de los gobernadores departamentales designados por el ex presidente Jimmy Morales, en su primer año de gobierno;
  3. Interfirió ilegalmente en la política exterior del país al anular la declaratoria de «non grato» del Comisionado de Cicig, Iván Velasquez;
  4. Intervino ilegalmente en la función legislativa del Congreso de la República, períodos 2018-2019, en repetidas oportunidades derrochando un claro abuso de poder;
  5. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo al interferir incluso en las redacciones de las notas diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores;
  6. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas, al propiciar un retardo malicioso en el expediente constitucional que condujo al cierre de la mina San Rafael;
  7. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas al propiciar el cierre malicioso de las minas El Tambor y la Puya;
  8. Intervino ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Energía y Minas, al propiciar un retardo malicioso en el expediente constitucional de las minas ubicadas en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo por lo que el Estado de Guatemala enfrenta un juicio de daños de Dos Mil millones de Quetzales (Q2, 000M) que el Estado deberá pagar;
  9. Intervino ilegalmente en las funciones del Ministerio Público, a cargo de la Dra Consuelo Porras, propiciando retardos maliciosos en los expedientes constitucionales;
  10. Intervino de forma ilegal, arbitraria e injustificada en la integración de la propia Corte de Constitucionalidad vedándole al Dr. Arnulfo Reyes Sagastume su integración a la misma;
  11. Interfirió ilegalmente en las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores al vetar la declaratoria de non grato del Embajador de Suecia (Andrew Kompass);
  12. Interfirió ilegalmente en dos oportunidades en la elección de magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones al anular las actuaciones de las Comisiones de Postulación;
  13. Intervino ilegalmente ante el Instituto de Jueces y Magistrados obligándolos, de forma arbitraria, a modificar su régimen estatutario interno de planilla única;
  14. Intervino de forma ilegal e ilegítima en régimen electoral del país propiciando la formal participación de la candidata presidencial Sandra Julieta Torres Casanova, no obstante los impedimentos que en ella concurrian;
  15. Intervino de forma ilegal y arbitraria las funciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que a política exterior del país de refiere, en lo concerniente a acuerdos migratorios;
  16. Intervino de forma ilegal y arbitraria en las funciones del Organismo Legislativo pretendiendo que una ley formal y materialmente válida (Ley Modificatoria a la Ley ONG) el Congreso de la República la dejara en suspenso cuando la ley ya está publicada en el Diario Oficial.
  17. Etc, etc, etc.

La Corte de Constitucionalidad era una de las cortes de jurisdicción constitucional más respetadas de América Latina. Sus actuales magistrados, titulares y suplentes, con excepción de la Dra Josefina Ochoa, la convirtieron en un reducto político, el cual a través de falsas legalidades, buscaron ejecutar como vulgares meretrices las políticas socialistas del Foro de Sao Paulo.
Fallaron y siguen fallando.

A corto plazo no sería raro que se produjera una desobediencia civil generalizada de sus fallos pues de acuerdo a la Constitución Política del país, misma que ellos juraron defender, ningún funcionario público está obligado a acatar órdenes manifiestamente ilegales COMO LAS QUE ELLOS DICTAN PARA REALIZAR SUS DELEZNABLES OBJETIVOS POLÍTICOS.

Comisión Presidencial Contra la Corrupción

Antecedentes

La comision, creada por Acuero Gubernativo 28-2020, tiene por objeto:

  • Apoyar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo;
  • estableciendo los mecanismos que
    1. busquen evitar que los casos de corrupción detectados no se repitan y
    2. obtengan la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones del Estado,
  • mediante el planteamiento de las acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados.

La Comisión se integra por el Presidente de la República, los ministros de Gobernación y Finanzas Públicas, la PGN, el Secretario General de la Presidencia, el Secretario de Planificación y Programación, el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno y el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

La Comisión la dirige un Director Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República.

La Comisión, a través de su Director Ejecutivo, podrá invitar a funcionarios de Organismo Ejecutivo y de otras instituciones del Estado, organismo internacionales, sociedad civil y otras personas individuales o jurídicas a participar en sus reuniones con fines de opinión y retroalimentación.

El Director Ejecutivo de la Comisión podrá recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza, de organismos nacionales o internacionales siempre que no sean organismos o instituciones investigados por corrupción.

Análisis

La política ejecutiva que se desprende del acuerdo implica un abierto compromiso del Organismo Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. Dada la naturaleza jurídica del acuerdo, la función de la Comisión se limita a la «coordinación» de la política pública de constitucionales del Organismo Ejecutivo.

La Comisión creada tiene de valioso que es la primera vez que funcionarios del Organismo Ejecutivo y otras instituciones del Estado, organismo internacionales, sociedad civil y otras personas individuales o jurídicas podrán ser escuchadas con fines de opinión y retroalimentación, en temas de prevención y lucha contra la corrupción.

Es valioso que se haya legitimado a terceros que no sean funcionario públicos a poder opinar sobre la corrupción. Es inadecuado que esa facultad de opinar haya quedado librada a la discrecionalidad del Director Ejecutivo. Opinan exclusivamente aquellos a quienes el Director Ejecutivo invite, otros no.

Es alarmante que sea el Director Ejecutivo de la Comisión a quien le competa el decir si recibe o no aportes y donaciones y de quienes. Los donantes para todo propósito real se circunscriben a organismo internacionales. Una facultad tan importante debió haber quedado conferida a la Comisión y no al Director Ejecutivo, pues se corre el riesgo que un Director Ejecutivo alineado con una organización internacional (Soros, ONU, American Watch, etc.) vuelva la Comisión en su feudo, a cambio de un estipendio económico. La experiencia de CICIG a este respecto es valiosa pues nos permite reflexionar lo pernicioso que es conferir los poderes públicos, de investigación y litigación penal, a una entidad internacional, quien por elección pública habrá de ejecutar siempre la agenda que a dicha entidad más convenga, la cual no necesariamente coincidirá con el bien común de los guatemaltecos.

La facultad conferida a la Comisión al respecto de plantear las acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados es claramente inconstitucional pues dicha potestad reside, de acuerdo con la Constitución Política, en el Ministerio Público y, según sea el caso, en la PGN.

Con el nuevo método hermenéutico utilizado en la actualidad por la CC_el momento político define el concepto jurídico_difícil es visualizar si ya está o no negociado que sea el Presidente quien plantee las acciones legales contra los corruptos (¡!).

Terapia Urgente

«Para salvar la Constitución Políticas urgente y necesario desobedecer a la Corte de Constitucionalidad«.

La ciencia médica indica que cuando los síntomas de una enfermedad aparecen de forma espontánea, natural, y resultan evidentes, es signo claro que la enfermedad está presente. El decidir no enfrentarla, sino por comodidad ignorarla, puede conducir a graves consecuencias, irreversibles e irreparables.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala está «verdaderamente enferma» y sólo la indolencia y tolerancia propia del carácter tan especial del guatemalteco pudo haber permitido que esa institución se llegara a gangrenar a los neveles actuales. ¡Es imperioso actuar! ¡y sin demora!

Historia.

Es indudable que la mayor conquista visible de la última Constitución Política del país (1985) fue la creación y organización de la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta Corte resultó ser el bálsamo sanador de las heridas de un país causadas por una lucha fratricida de larguísimos años, y cuya patología común era una inmisericorde violación de derechos humanos de los guatemaltecos de una ideología, de los de la otra ideología, y de los de cualquier otra también. el guatemalteco en ese tiempo había ya perdido, de forma total, el respeto por la vida, la paz y la propiedad.

La CC desde su inicio tuvo el acierto de hacerle ver al país que una convivencia digna, respetuosa y en paz sólo cabe y puede darse dentro de un marco de leyes, en que administradores (Estado) y administrados (población) procedan con estricto apego a derecho.

Los ciudadanos y los funcionarios de Estado lo entendieron, también lo aceptaron , y con ello se dio por varios años una primavera institucional en el país. Tan bien cimentado llegó a estar el concepto en relación a esta Corte que el guatemalteco la elevó a categoría, metafóricamente hablando, de corte celestial. La Corte procedía a constituirse en el último eslabón de la justicia total, pues aquello que la justicia ordinaria resolviera y, en última instancia, la justicia constitucional acordara era ciertamente «lo definitivo». Más allá de ello cabía exclusivamente la imploración de favores celestiales.

La Corte funcionó adecuadamente por varias décadas y resultó un extraordinario solucionador de contiendas en el país pues, sin entrar en justicia ordinaria, podía revisar si el órgano gubernamental había o no respetado los derechos fundamentales del particular, para poder así seguir adelante.

Lo más relevante de esta Corte fue que, sin tener fuerza pública integrada en su organización, la fuerza de sus fallos fue contundente. Nadie, por las razones que fueren, se atrevió a desobedecer la coercitividad de sus resoluciones las que siempre fueron respetadas y acatadas. La disidencia encontraba acomodo, exclusivamente, en los foros de la academia que la misma Corte, de forma inteligente, valoró e incorporó a su organización. La humildad mostrada con la creación del Instituto de Justicia Constitucional es evidencia notable de la inteligencia colectiva de aquellos que dominaban, en esos tiempos, la institución. El derecho, por esencia, es materia opinable y es de sabios reconocer que nunca, nadie, interpretando derecho tiene la última palabra.

La CC lucía pues como una auténtica joya jurídica institucional, así como un suculento plato político nacional e internacional de políticos aviesos. Es un órgano que puede tener la última palabra en todo y además ha creado conciencia colectiva, incondicionalmente aceptada, que hay que obedecerla y respetarla y los guatemaltecos la obedecen y también respetan.

La Crisis.

La ciencia política que no para mientes en los «medios» pues vive de «resultados» focalizó la nobleza de institución que representaba la CC en el espectro político del país.

Una muy bien orquestada estrategia de orden nacional e internacional logró, en pocos años, cooptar dicha institución apoyada por la embajada estadounidense y un Departamento de Estado de rancio corte demócrata. El nuevo propósito habría de ser el revestir de aparente legalidad una estrategia política internacional, justificada operativamente por una aparente lucha contra la impunidad.

Para ello, el Estado de Guatemala fue irresponsablemente inducido a entrar en un contrato de gestión política del país (Convenio CICIG) con la Organización de Naciones Unidas en que un genuino Virrey (Comisionado), inmune a todo, decidió por espacio de más de una década sobre vidas y haciendas del país, que en el mundo moderno se traduce en: a quién procesar criminalmente y porqué. Tan aviesa estructura necesitó para su viabilidad operativa de un protector político institucional, la cual encontró formal e incondicional acomodó en la otrora noble Corte de Constitucionalidad.

La política minera del país, la política exterior en materia de agentes y representantes diplomáticos (que incluye al Virrey), la utilización de la santidad de la institución para auto protegerse los magistrados (auto amparo), e incluso la abierta interferencia en la agenda del Organismo Legislativo (¡!) pasaron a depender, y hoy en día dependen, de la voluntad de res magistrados de la CC (GPorras, BMejia y FdeMataVela).

Tan patético escenario es de difícil comprensión pues cuesta imaginar cómo, la grandeza y omnipotencia de tan noble institución, aya caído al estercolero en que hoy se encuentra.

La Terapia.

Es indudable que las instituciones las hacen los hombres y mujeres que las componen e integran y que dependiendo de las luces y sobras de estos, así serán los brillos y deméritos del ente de gobierno.

El problema se agudiza cuando los miembros integrantes de la institución se vuelven en contra de su propia organización.

La CC fue concebida para proteger la Constitución pero ahora resulta que la voluntad de tres de sus magistrados han resultado ser tres inequívocas muestras, evidentes y notorias, de que lo que buscan es destruir la propia Constitución.

El impedir la conformación del Organismo Judicial tal y como lo ordena la Constitución Política por intermedio de un más que espurio ampara, planteado por una lacaya de la instancia socialera internacional (Mack), y pretender interferir las funciones constitucionales de investigación del Congreso de la República a través de un leguleyo testaferro (Carrillo) del Virrey Velasquez, son otras muestras, más bien lo que persiguen es destruirla.

¿Qué terapia cabe aplicar?

A la conformación de la actual CC le resta completar el periodo integro de la magistrada Gloria Porras, precisamente una de las integrantes de la trinca infernal y diabólica que persigue destruir la Constitución. Un sueño de opio sería que la propia magistrada Porras y los otros dos magistrados renunciaran para poder así, con sus suplentes, poder iniciar el reencauzamiento institucional de la CC; pero ello no va a suceder.

Habrá ponzoña y vergüenza constitucional por más de un año, lo cual por el respeto a las instituciones estamos obligados a respetar.

Lo que sí es constitucionalmente lícito y dable es establecer «a sotto voce» que, de ahora en adelante, esas resoluciones politiqueras no merecen, ni obediencia, ni acatamiento, pues de acuerdo a la propia Constitución ningún funcionario, civil o militar, está obligado a acatar ordenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.

Llegamos a la ironía de que para salvar la Constitución hay que desobedecer a la Corte de Constitucionalidad. El adecuado respeto a la Constitución, -que nosotros los ciudadanos si tenemos- nos obliga a sostener a estos tres magistrados malandrines hasta la finalización de su último período pero, como la misma Constitución nos habilita, desoyéndolos y desobedeciendolos, pues nadie está obligado a acatar órdenes ilegales sin importar que sean de la CC.

Llegarán tiempos mejores en que los nuevos magistrados integrantes de la CC sean personas probas, honestas y comprometidas con la sagrada salvaguarda de nuestros valores constitucionales y podremos reencausar nuestro ordenamiento institucional.

Irónico pero necesario, para salvar la Constitución es urgente y necesario desobedecer a la Corte de Constitucionalidad.

Al presidente de los Estados Unidos de América, Donad J. Trump

Hace saber que:

En Guatemala se elegirá el próximo 16 de junio al presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados al Congreso de la República y al Parlacen. Debido a ello, se hace de su conocimiento que la candidata presidencial, Sandra Julieta Torres Casanova, también corrió en el 2015, con el partido político Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Ese año CICIG emitió un informe: «Financiamiento de la Política en Guatemala», menciona que el partido UNE ha sido financiado con dinero proveniente del narcotráfico.

De la misma forma, se hace de su conocimiento, que el aspirante a la vicepresidencia del mismo partido, Carlos Raúl Morales Moscoso, formó parte de una estructura criminal organizada transnacional. Utilizó su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para extender de forma ilegal documentación migratoria a extranjeros, en su mayoría a ciudadanos árabes, dentro de los cuales figuran cuatro sindicados de terrorismo internacional.

Llama la atención que la Administración para el Control de Drogas, DEA, el exembajador estadounidense, Todd Robinson y el actual, Luis Arrega, no hayan gestionado la investigación, ya que afecta gravemente la seguridad de su país.

Al mismo tiempo, solicitamos tomar nota de los hechos denunciados para evitar a toda costa que Guatemala se convierta en un narco-Estado, con las repercusiones para la región.

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

¡La peor Corte de Constitucionalidad de la historia!

!Dictadura judicial y el fin de la democracia en Guatemala!

Estas y otras aberraciones jurídicas han sido cometidas por 4 Magistrados que deben ser procesados por sus arbitrariedades en detrimento de la institucionalidad del país.

Arbitrariedades de la Corte de Constitucionalidad

  • Resolución ilegal en la cual anularon el nombramiento del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se obligó a que el Pleno conformado por doce magistrados, al estar incompleto, realizara una nueva votación para elegir a un nuevo Presidente de CSJ.
  • Resolución ilegal en la cual anularon el nombramiento de varios gobernadores al considerar que la sociedad civil no había sido tomada en cuenta. La Constitución Política de la República de Guatemala no obliga la participación de la sociedad civil en este procedimiento.
  • Resolución ilegal al dejar sin efecto la declaración de «Non grato» al Comisionado de CICIG, Iván Velásquerz Gómez, por el Presidente de la República, Jimmy Morales. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas faculta al jefe de Estado a realizarlo.
  • Resolución ilegal la cual anuló el Proceso de formación de ley, antes que la misma llegara al Poder Ejecutivo, tal como lo estipula la legislación guatemalteca.
  • Resolución ilegal, la cual obligó a corregir y suprimir el segundo párrafo de una carta diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual advertía al Comisionado de CICIG, Iván Velásquez Gómez, a no entrometerse en asuntos internos.
  • Retardo en emitir la resolución ilegal de suspender licencia de operación de la Mina San Rafael, al existir un precedente en la macrosentencia de OXEC.
  • Retardo injustificado en emitir resolución de la Mina El Tambor y La Puya; ya que las operaciones de estas minas llevan dos años suspendidas. El Estado de Guatemala ha sido demandado por dos mil millones de quetzales por la suspensión de los proyectos mineros ubicados en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
  • Retardo injustificado en emitir resolución que tiene pendiente por el nombramiento de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, a casi diez meses de su designación.
  • Admitir para su trámite Amparo en contra de la decisión soberana del Presidente de la República, Jimmy Morales, de no prorrogar el Acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU referente a CICIG.
  • A pesar de ser impugnable la decisión del Licenciado Conrado Arnulfo Reyes Sagastume a la Corte de Constitucionalidad por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para integrar el máximo tribunal, la Corte de Constitucionalidad, de forma arbitraria, ha impedido su integración incurriendo en un retardo injustificado.
  • Resolución ilegal para proteger el Embajador de Suecia, Anders Kompass, por carta diplomática enviada al reino de Suecia, al solicitar el cambio de embajador, interfiriendo así en política exterior.

Las pruebas presentadas por CICIG fueron contaminadas y se introdujeron testigos falsos

Guatemala Inmortal a la Doctora María Consuelo Porras Argueta hace saber que:

Desde el año 2015 es de conocimiento de los guatemaltecos que se presentaron varios hechos de alto impacto investigados por CICIG y el Ministerio Público. En repetidas ocasiones las pruebas fueron contaminadas y se introdujeron testigos falsos. Consecuentemente, es necesaria una revisión minuciosa por parte de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para poder tener éxito en la acusación de los casos investigados con anterioridad.

Además, es importante operativizar en lo siguiente:

  1. El caso «Oderbrecht», en donde el sindicado es el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; quien sin representación del Estado condonó el cumplimiento de una fianza en favor de Guatemala de 300 millones de dólares.
  2. La acusación de la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández, candidata a presidente por el partido político Movimiento Semilla, por la compra sobrevalorada en 35 millones de quetzales del edificio de la zona 5, conocido como «Edificio Fantasma»
  3. La contratación ilegal de los servicios profesionales que brindaría José Carlos Marroquín por un millón de quetzales; realizada por la Ex Fiscal General, Thelma Aldana.
  4. EL caso conocido como «BANTRAB», en el que el señor Eduardo Liu, confesó haber otorgado un millón de dolares a la entonces Fiscal General, Thelma Aldana.
  5. La investigación del presunto involucramiento de las señora Sandra Torres Casanova, candidata a presidente por el partido político UNE, en el caso conocido como «Transurbano»; debido a que se defraudó al Estado por 35 millones de dólares.
  6. La organización de la sociedad civil norteamericana, Judicial Watch, la cual promueve transparencia, rendición de cuentas e integridad en el gobierno de Estados Unidos redactó un documento en el que explica el funcionamiento de una red de corrupción. El escrito involucra algunas de las personas antes mencionadas, desde el gobierno de la UNE hasta nuestros días.

Por lo tanto señora Fiscal General, es importante que los procesos de investigación mencionados anteriormente sean judicializados debido a la coyuntura electoral en la que nos encontramos.

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

Guatemala Inmortal a la Dra. María Consuelo Porras Argueta, hace saber:

Desde el año 2015 es de conocimiento de los guatemaltecos que se presentaron varios hecho de alto impacto investigados por CICIG y el Ministerio Público. En repetidas ocasiones las pruebas fueron contaminadas y se introdujeron testigos falsos. Consecuentemente, es necesaria una revisión minuciosa por parte de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para poder tener éxito en la acusación de los casos investigados con interioridad.

Además, es importante operativizar en lo siguiente:

  1. El caso «Odebrecht», en donde el sindicado es el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; quien sin representación del Estado condonó el cumplimiento de una fianza en favor de Guatemala de 300 millones de dólares.
  2. La acusación de la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández, candidata a presidente por el partido político Movimiento Semilla, por la compra sobrevalorada en 35 millones de quetzales del edificio de la zona 5, conocido como «Edificio Fantasma»
  3. La contratación ilegal de los servicios profesionales que brindaría José Carlos Marroquín por un millón de quetzales; realizada por la Ex Fiscal General, Thelma Aldana.
  4. El caso conocido como «BANTRAB», en el que el señor Eduardo Liu, confesó haber otorgado un millón de dólares a la entonces Fiscal General, Thelma Aldana.
  5. La investigación del presupuesto involucramiento de la señora Sandra Torres Casanova, candidata a presidente por el partido político UNE, en el caso conocido como «Transurbano»; debido a que se defraudó al Estado por 35 millones de dólares.

La organización de la sociedad civil norteamericana, Judicial Watch, la cual promueve transparencia, rendición de cuentas e integridad en el gobierno de Estados Unidos redactó un documento en el que explica el funcionamiento de una red de corrupción. El escrito involucra algunas de las personas antes mencionadas, desde el gobierno de la UNE hasta nuestros días.

Por lo tanto señora Fiscal General, es importante que los procesos de investigación mencionados anteriormente sean judicializados debido a la coyuntura electoral en la que nos encontramos.

Nosotros, los ciudadanos somos los legítimos dueños del Congreso y de las Cortes, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.

Abraham Lincoln

Hoy ganó la institucionalidad en Guatemala

El juicio contra el Presidente era de carácter político y solo tenía por objetivo provocar un golpe de estado.

Los que quieran ocupar la presidencia y solo pueden hacerlo con trampas, dirán que hoy se fortaleció la corrupción, pero ellos tienen serios señalamientos y están protegidos por la CICIG y el MP, sus argumentos no se sostienen.

No se deje engañar, aprenda a leer entre líneas.

Convocatoria a manifestación 02/09/17

Nosotros, los guatemaltecos responsables y que queremos el bien para Nuestra Patria, apoyamos la lucha contra la corrupción pero no mediante la aplicación de justicia parcializada y casos mediáticos.

Apoyamos la institucionalidad del país y defendemos la soberanía de nuestra patria Guatemala.

¡Que no te engañe la izquierda! Iván Velásquez debe salir, porque ha dividido al país y no ha sido ético en su actuar en la lucha por la justicia.

¡ÚNETE A NOSOTROS!

¡GUATEMALA ES DE LOS GUATEMALTECOS!